Desde la Cámara de Diputados impulsan el proyecto que modifica varios artículos de la ley de trasplantes de órganos y tejidos anatómicos humanos.

La normativa establece el concepto de la presunción legal de la autorización de ser donante después del fallecimiento, a través de la falta expresa de oposición total o parcial, incluso sin necesidad de contar con la autorización de los familiares o de un juez competente.

El planteamiento estipula que se presumirá la calidad de donante de la persona fallecida, en caso de que no haya manifestado expresamente su oposición con anterioridad.

“Tenemos médicos y enfermeras abnegados y dispuesto, también veo estamentos de la sociedad que están dispuestos a ayudar, a mostrarnos el camino y a multiplicar vidas”, dijo el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni durante la presentación que se realizó en presencia de los padres de Anita.

El secretario de Estado felicitó al proyectista Ramón Romero roa y solicitó el apoyo de la gente para llevar adelante la causa nacional.

Por su parte, el presidente Mario Abdo Benítez consideró que el proyecto simboliza el espíritu de unidad del pueblo y anunció un fuerte respaldo del Poder Ejecutivo.

Ley Justina se denomina una normativa similar aprobada en la Argentina, donde tampoco se requiere autorización de los familiares para una donación. Al respecto, el director del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT), Gustavo Melgarejo, aboga por apostar a la educación antes que la imposición.

“Cuando la familia entiende el proceso todo es más rápido, entender el concepto es fundamental de lo contrario ocurren estas situaciones y se pierde la posibilidad de realizar el trasplante”, dijo el doctor Melgarejo e insistió en que debe ser un acto voluntario.

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.