• Por Silvia Aguilar
• silvia.aguilar@nacionmedia.com

Las planillas salariales dan cuenta de que, en el 2021 el presidente de Petropar, Denis Lichi, incor­poró dentro del plantel de la estatal a 21 nuevos funciona­rios. En el 2022 continúan las contrataciones. A estos se suma la venida masiva de comisionados de otras insti­tuciones.

Entre asesores, asistentes, operadores de planta y varios directores, Denis Lichi viene llenando la petrolera con funcionarios que coinciden­temente son votantes de la seccional 109 de Arroyos y Esteros, que es su jurisdic­ción política, así como tam­bién hay varios favorecidos de todo Cordillera, departa­mento donde aspira ser gober­nador en el 2023.

Por citar, entre los arreados aparece Wilfrido Soto Morí­nigo, quien anteriormente era funcionario del Ministe­rio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). Ingresó a Petropar en marzo del 2021. Con el cargo de asistente, percibe mensualmente G. 12 millones. Es uno de los que se encuentran registrados en la seccional 109 de la ciudad de Arroyos y Esteros, al igual que la licenciada Basiliza Sánchez Velázquez. Contratada por la petrolera estatal desde agosto del mismo año como “persona de confianza”, según figura en planilla. Su salario asciende a G. 22 millones.

Cabe resaltar que Denis Lichi es oriundo de la ciudad de Arroyos y Esteros y es un conocido dirigente de la sec­cional Juan B. Domínguez situada en la mencionada loca­lidad. Por lo que resulta ale­vosa la incorporación de per­sonas registradas dentro de su misma seccional. Sin contar que, dentro de la nómina de funcionarios comisionados de otras instituciones, también hay una larga lista de compue­blanos registrados.

Otro nuevo acomodado den­tro de la institución de Lichi es Carlos Santos Maggi, ex inten­dente de Itacurubí y presidente de Capasa durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Dejó la empresa estatal en quie­bra, con una deuda de G. 50.000 millones, de acuerdo a publica­ciones periodísticas. Actual­mente es asesor de Petropar, cargo político con el que fue beneficiado desde febrero del 2021 con un ingreso mensual de G. 15 millones.

Otro rostro nuevo en la gestión de Lichi en Petropar es Elvio Francisco Sánchez, también asesor contratado al mismo tiempo que el ex intendente Santos Maggi. Ingresó a la ins­titución el 8 de febrero del 2021 y su salario es de G. 15 millo­nes. Sánchez es otro votante cordillerano de la ciudad de Valenzuela.

Recordemos que el pasado 7 de febrero de este año, Denis Lichi lanzó su precandidatura a gobernador de Cordillera por el movimiento Fuerza Repu­blicana, por lo que los contra­tos a cordilleranos guardan estrecha relación con la buena letra que quiere hacer con los electores de su departamento.

Entre los nuevos contratos en Petropar también hay varias personas provenientes de Caa­guazú, Guairá, Central y Asun­ción. Uno de ellos, José Raúl Rodríguez, quien ingresó a la entidad en enero de este año y tiene un salario de G. 14 millo­nes siendo asistente.

También Alejandro Morí­nigo, funcionario de Petropar desde el 2021, con salario de G. 14 millones como operador. Hasta el 2020 fue funciona­rio del Ministerio de la Niñez y Adolescencia con un salario de apenas G. 3,5 millones.

En Petropar hay una lista de 70 personas comisionadas de otras instituciones del Estado, de todas ellas, 28 pertenecen al departamento de Cordillera.

Entre los comisionados den­tro de la petrolera se puede destacar a Reinaldo Andrés Pinto, aliado político de Denis Lichi y ex candidato a dipu­tado por el departamento de Cordillera. Antiguo funcio­nario de la Cámara de Dipu­tados que actualmente ocupa el cargo de asesor en Petropar. En la empresa petrolera tiene un ingreso de G. 11.500.000 y en la Cámara Baja su sueldo es de G. 12.000.000. En total, cobra mensualmente G. 23.500.000.

La nota original: www.lanacion.com.py/investigacion/2022/04/10/presidente-de-petropar-ubico-a-24-nuevos-funcionarios-en-su-institucion

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.