La Cámara de Senadores recibió una avalancha de pedidos de parte del Poder Ejecutivo para la aprobación de millonarios préstamos de diversos proyectos, que en su mayoría consisten en nuevas deudas para obras de infraestructura.

Desde que asumió el actual Gobierno y de aprobarse los pedidos, el país acumularía un endeudamiento de unos US$ 5.600 millones, cifra que representa un aumento del 70% con relación al saldo registrado al cierre del ejercicio de la administración anterior.

De acuerdo con la Planilla de Préstamos Pendientes de la Cámara Alta, existen 11 mensajes del Poder Ejecutivo para varios proyectos, entre los cuales figuran la concesión para una explotación privada, inversiones para eficacia energética, un sistema meteorológico, mejora del servicio de salud, potenciación del sector agropecuario, construcción de más rutas, entre otros.

En la nómina se observa que el Ejecutivo solicita al Congreso la aprobación del desembolso de US$ 12 millones para el mejoramiento de la infraestructura edilicia y de conectividad de la ruta jesuítica paraguaya; US$ 300 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para cumplir con las empresas vialeras; US$ 30 millones para inversiones en el sector agropecuario; más de US$ 350 millones para el mejoramiento y pavimentación Ruta PY 15, y US$ 100 millones para la pavimentación de la ruta Puerto Indio – empalme Supercarretera – departamento de Alto Paraná.

Sumando estos proyectos de infraestructura y los demás convenios de la actual administración, el Poder Ejecutivo solicita al Legislativo la suma de US$ 942 millones, monto que podría ser aprobado en el Senado durante este 2022. Algunos de estos proyectos cuentan con dictámenes de las comisiones, pero otros aún no poseen el visto bueno para la confirmación.

DOS PROYECTOS YA RECIBIERON OK

En la sesión ordinaria del jueves, la Cámara Alta ya aprobó los US$ 354 millones para cubrir el mejoramiento y la pavimentación de la ruta Py 15 y los US$ 100 millones de dólares para la pavimentación de la ruta Puerto Indio – Empalme Supercarretera, Alto Paraná.

Ambos proyectos fueron aprobados en general y en particular y pasan ahora a la Cámara de Diputados, que también deberá dar su aval para que el MOPC pueda disponer de esa línea presupuestaria.

LOS PRÉSTAMOS QUE ESTÁN SIENDO NEGOCIADOS

Sumado a lo anterior, el economista Pablo Herken indica que actualmente hay préstamos ya suscriptos con las entidades bancarias por valor de US$ 420 millones y que serán enviados al Congreso próximamente; otros que están en proceso de suscripción por un monto de US$ 483 millones; y otros préstamos por valor de US$ 585 millones que ya tienen autorización del Ejecutivo a Hacienda para iniciar la negociación y pasar al proceso de suscripción para luego derivar al Parlamento para su aprobación.

Es así que suman casi US$ 2.500 millones de préstamo, entre los convenios y proyectos que ya entraron el circuito legislativo, los que ingresarán y los que siguen en negociación.

Aparte existen préstamos vigentes que ya se aprobaron y que se están ejecutando en la actualidad, de esos todavía hay 2.600 millones de dólares a desembolsarse, de acuerdo con Herken.

De esta manera, al hacer la sumatoria, se obtiene que el paquete de endeudamiento a realizarse y a autorizarse asciende a la notoria cifra de un poco más de US$ 5.000 millones.

EL ENDEUDAMIENTO EN LA ERA MARITO

Paraguay cerró el año pasado con una deuda de US$ 13.631 millones. En ese ejercicio fiscal, el cual se caracterizó por ser uno prácticamente tranquilo, el aumento fue de US$ 1.418 millones, es decir, el 12%.

En lo que va del Gobierno de Mario Abdo Benítez, ya hay US$ 5.600 millones de endeudamiento. Eso implica un aumento del 70% con respecto al saldo que había al cerrarse el ejercicio del Gobierno anterior.

Con estas cifras a la vista, preocupa que Paraguay esté ingresando a un corredor de endeudamiento para cualquier fin, a raíz de que no alcanzan los fondos locales, con la recaudación de impuestos, para hacer frente a los proyectos venideros.

Si todos los US$ 942 millones se aprueban en el Senado en este 2022, el economista Pablo Herken estima que para los próximos dos años, entre el 2023 y parte del 2024, fácilmente los US$ 5.600 millones se llegarían a concretar. Todo esto deja plasmado que el ritmo es seguir pidiendo más y más préstamos. Y Herken pide tener como ejemplo a la Argentina, para no dar inicio a un proceso de endeudamiento constante y evitar así ingresar a una encrucijada en los años flacos cuando deba saldarse la deuda.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.