El senador Silvio Ovelar sostuvo a la 650 AM que los integrantes de la Bicameral de Presupuesto tienen previsto realizar un encuentro este martes para analizar el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2016.

El parlamentario señaló que actualmente se registra el pedido de incrementar 1 billón de guaraníes el proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda: 780 mil millones en Fuente 10 y 270 mil millones en Fuente 30.

“Yo no creo conveniente inflar, un billón es una exageración y un despropósito en una situación de crisis financiera. Yo me mantengo en mi idea en tratar de mantener los topes y jugar con los números; hacer una reingeniería. Hay que tratar el recorte grosero del INDI y las gobernaciones”, argumentó.

Ovelar indicó que de aprobarse este aumento de dinero en el Presupuesto a gastarse el próximo año, se estaría quebrantando la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El Ministro de Hacienda, Santiago Peña, al presentar el documento de cada institución aclaró que ningún ente estatal dependiente del Poder Ejecutivo iba a hacer lobby para pedir aumentos. Sin embargo, esta situación finalmente no se dio, según reveló el congresista. “Yo no soy discreto y digo las cosas sin muchas ambigüedades. No es así (la situación planteada), lamentablemente. Ou lo mitâ ojerure la oñeaumenta haguâ la presupuesto, así kañyhápe (vienen a pedir que se les aumente el presupuesto, a escondidas). Ministros, Directores, Jefes, de todo un poco. Algunos advierten que sus instituciones pueden colapsar así con lo que envía Hacienda”, lanzó.

LEY DE TARJETAS

Por otra parte, dijo que este martes la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Alta analizará la modificación del tope de intereses de las tarjetas de créditos.

Señaló que esta vuelta tratarán de llegar a un acuerdo para realizar un dictamen, atendiendo que el martes pasado no consiguieron llegar a un consenso. En ese entonces, según indicó Ovelar, existían tres posiciones: “una de ellas era no recular en un proyecto que sancionamos meses atrás, otros decían que teníamos que modificar el proyecto original y otros que tenemos que contemplar lo que planteaban los representantes del gremio”.

Contó que a su parecer lo ideal sería encontrar un punto intermedio. “Los bancos están restringiendo el acceso a las tarjetas porque probablemente no les resulta rentable el procedimiento al que les hemos exigido al aprobar esta ley. Hay que reconocer que se pasaron de revoluciones, ellos reconocieron cuando nos visitaron esa libertad que tenían con los porcentajes elevados; se pasaron de revoluciones los muchachos”, añadió.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.