El abogado Pedro Ovelar, representante legal del Grupo Cartes, expuso a través de su cuenta de Twiter la completa contradicción de la CBI, la cual primero declaró tener documentos fehacientes que sustentan hechos punibles de Lavado de Dinero y otros delitos conexos, pero luego dijo que no los tiene.

En la convocatoria que hizo el senador luguista Jorge Querey al empresario José Ortiz para que asista ante la CBI, expresa claramente que se tienen documentos de los supuestos vínculos de Tabesa con el lavado.

“La referida reunión es a los efectos de recabar informaciones sustentadas en los documentos fehacientes en el marco de la investigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero y otros delitos conexos, y en este contexto solicito que faciliten a esta Comisión Bicameral toda la documentación que obre en su poder referente a la empresa”, se lee en la nota que lleva la firma de Querey.

Sin embargo, hoy el legislador que preside la CBI se contradijo al mencionar que dicha instancia legislativa en realidad no cuenta con documentos oficiales del caso que investiga la Fiscalía y la Seprelad. Esto lo dijo luego de que la defensa de José Ortiz haya solicitado toda la documentación que obra en poder del Congreso, de modo a poder preparar su defensa y aclarar todas las inquietudes que tengan los miembros de la comisión en cuestión.

“Aquí hay que ser claros, nosotros no podemos remitirle una documentación. Nosotros lo que hacemos es cuestiones denunciadas públicamente tanto en el ámbito nacional como en el internacional, algunas documentadas y otras no, a la cual ellos (responsables de la tabacalera) nos debieran dar las aclaraciones correspondientes”, dijo Querey.

“Nosotros estamos haciendo una historia clínica de esta situación y ellos deben agregar, sumar, los elementos que pudieran permitir que nosotros hagamos los pedidos de informes posteriormente. Nosotros no podemos remitirles documentos que han sido filtrados o que desconocemos cómo fue el manejo”, agregó además.

Esta declaración de Querey se contrapone al argumento esgrimido en su convocatoria al empresario Ortiz, en la cual habla de que fehacientemente se documenta la supuesta implicancia del grupo empresarial en el lavado de dinero. Sin embargo, ahora aclara, sospechosamente, que dicha comisión no puede remitir documentación alguna a la defensa porque en realidad no posee ninguna.

A raíz de las irregularidades que se están registrando, el Grupo Cartes (que no puede acceder a los documentos de las acusaciones) anunció que hará una presentación ante embajadas y organismos internacionales en relación a la persecución política de la que es objeto por parte del oficialismo y sus aliados,  y ofrecerá toda la información objetiva.

Para el abogado Pedro Ovelar es más que claro que la actuación de los políticos se enmarca en una persecución contra el exmandatario Horacio Cartes en medio de la fuerte contienda electoral. El representante legal destacó que la propia Constitución Nacional garantiza el debido proceso y brinda mecanismos para que todo se realice en el marco legal.

Lamentó, no obstante, que sectores políticos y medios de prensa afines estén manipulando sin escrúpulo alguno la institucionalidad de la República del Paraguay, con el único fin de atacar a Cartes.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.