Un esquema de empre­sas ficticias, y apro­ximadamente 1.600 facturas entre falsas y clo­nadas, que totalizan unos G. 150.000 millones, fue lo detec­tado por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) mediante el operativo Factu­ración 2.0.

Este modus operandi empleado por un total de 17 municipalidades y una gober­nación es la réplica de las lici­taciones en Ciudad del Este durante la gestión de Miguel Prieto, administración en la que se compraron alimentos de firmas que evidentemente no contaban con la capacidad financiera para proveer la can­tidad adjudicada.

“Hemos encontrado dentro de la investigación que 17 munici­palidades cuentan en su con­tabilidad con facturas falsas de un proveedor que no puede justificar sus costos y gastos”, fue lo que señaló ayer en con­ferencia de prensa el vicemi­nistro de la SET, Óscar Orué.

La administración de Miguel Prieto firmó en marzo del 2020 un contrato por G. 2.949 millones, para la provisión de 25.000 kits de alimentos, con el pequeño autoservice Tía Chela SRL de Fermín Ávalos.

Esta licitación, realizada por la vía de la excepción, estuvo cargada de irregularidades, dado que había fundadas sospechas de que el comercio no tenía la capacidad financiera para proveer esa cantidad de alimentos. De hecho, la misma madre de Fermín afirmó que su hijo prestó dinero para com­prar los insumos.

Además de esto, también llamó la atención la forma en la que fue armada la licitación. Uno de los comercios invitados a parti­cipar del llamado fue Danielito SRL, autoservicio que perte­nece a Felipe Ávalos, padre de Fermín; es decir, padre e hijo fueron tenidos en cuenta para esta compra.

Esto sin mencionar que, de acuerdo a las declaracio­nes de la madre de Fermín, Danielito ni siquiera estaba interesado en participar en la licitación y, sumado a esto, tenemos el hecho que Tía Chela se inscribió al sistema de proveedores el mismo día que se enviaron las invitacio­nes de esta licitación.

Vanemi SA, de Vanessa Floren­tín, es una empresa del rubro de la construcción y fue una de las firmas que vendieron ali­mentos por G. 692.155.023 a Tía Chela. Hasta ahora llama la atención cómo una empresa de estas características haya sido la superproveedora de ali­mentos. “Todas estas perso­nas y empresas son ficticias, hemos entrevistado a cada una y todas dijeron que nunca fue­ron proveedores, nunca se ins­cribieron al Registro Único del Contribuyente (RUC), que uti­lizaron de forma falsa sus iden­tidades de tal manera a tener RUC”, agregó Orué como otro de los elementos encontrados en esta investigación.

Es importante señalar que, dentro de este esquema de compra de alimentos en Ciu­dad del Este, también resultó ser un supuesto proveedor del municipio Tajy Servicios Gene­rales, firma dedicada a la per­foración y mantenimiento de pozos artesianos.

Un humilde señor aparece como superproveedor. “No sé qué pasó, qué voy a vender si no tengo, yo no firmé nada, pozo artesiano y eso lo que hago”, declaró al equipo de investi­gación del Grupo Nación don Buena Ventura Morínigo, quien aparece como titular de Tajy. Don Morínigo tam­bién indicó en esa oportuni­dad que el “jefe” en realidad era Robert Florentín, quien a su vez es primo de Vanessa Flo­rentín, propietaria de Vanemi.

Mismo esquema de empresa proveedora ficticia denun­ciada por Tributación es la que se dio en la administración Prieto, con sobradas eviden­cias; sin embargo, ni la Fiscalía ni la SET terminan el informe sobre la intermediación y la débil capacidad financiera del comercio al que en medio de un proceso entre parientes adjudicaron el millonario con­trato de alimentos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.