Tras un año de gestión, las obras públicas no arrancaron y no se ejecutaron a tiempo, cuando estas eran clave para mover el motor, a lo que se sumó la crisis política desatada por el acuerdo secreto de Itaipú.

“Fue un año con problemas externos e internos, como la situación local, regional y globlal. Para mí que se debió haber actuado más rápido, pese a que se actuó, fue lento”, dijo el titular de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción (BVPASA), Rodrigo Callizo. Agregó que se debió pensar más en los técnicos a la hora de designar cargos, y no solo por pagar favores de campaña.

“Este año no hemos vivido con la intensidad de todos los años, en donde el Gobierno no tuvo toda consigo. Pero sí tuvimos facilidades, como créditos de refinanciación a productores, que ayudaron bastante”, acotó el presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO), José Berea.

“Este año se ve una desaceleración mayor a lo que se veía, por una combinación de factores externos e internos. En este 1er. año se vio una lentitud en la ejecución de obras gubernamentales que ocasiona una tormenta perfecta. La conducción de la política monetaria es importante para el país, independientemente de quien esté al mando”, dijo el economista.

“Hubo fenómenos exógenos que no manejó el Gobierno, que impactó fuerte. En cuanto a la gestión, se notó una disminución de obras, cuando se pretendía que sea clave para mover la economía, cuando otras variables estaban débiles. Hay decisiones lentas para promover la inversión y el consumo”, afirmó Cesar Armele.

“Este primer año se percibió muy mal, principalmente por fuertes impactos exógenos que escaparon del Gobierno, sumado a un mal resultado económico del semestre, que empeora con la crisis política y que genera mucha incertidumbre”, dijo el empresario y presidente de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), Carlos Jorge Biedermann.

“Fue un año muy difícil, con sequía e inundación que golpearon fuerte. Lo más importante aquí fue el respeto a las instituciones, con una mejor seguridad, aunque falta mucho. Esta crisis política se tiene que solucionar cuanto antes por el bien de la producción, la economía y el país, no se puede seguir en la incertidumbre”, dijo el titular de la Asociación Rural del Paraguay, Luis Villasanti.

“La evaluación de un año de gestión no puede reducirse solo a la política monetaria y fiscal, que está muy bien, sino que abarca también a la micro que no está bien. Lo social está mal, si aumenta el desempleo y subempleo a consecuencia de la caída del PIB, mientras la situación ambiental está catastrófica”, opinó Ricardo Rodríguez Silvero.

“Esta economía estuvo muy marcada por shocks externos. Aquí en Paraguay hay una mala costumbre de iniciar todo de cero cuando asume un nuevo Gobierno. A este se le sumó la discusión que abordó respecto al tema tributario, que no era conducente a lo que pasaba en la calle, que generó un impacto en la perspectiva de la gente, que deprimió más la situación”, dijo el economista.

La titular de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay acotó que auguran el continuo cumplimiento de las leyes así como la organización conjunta para la promoción de inversiones y alianzas comerciales con industriales locales. “Nada de esto tiene credibilidad si el Gobierno no toma las riendas en el liderazgo, asignando a personas idóneas”, dijo.

La Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay aplaude las gestiones del Gobierno en relación al cumplimiento de normas en el comercio internacional.Precisan que se dupliquen resultados en el combate al contrabando. “A 1 año de asumir el cargo, es impostergable implementar medidas para recuperar los miles de puestos de trabajo”, señaló.

El representante de la UIP Joven, el empresario Paulo Duarte, pidió estabilidad, proteccionismo para la industria nacional y lucha contra el contrabando en especial. “Están las políticas de reactivación de la economía, donde vemos con buenos ojos iniciativas para el desarrollo de las pequeñas industrias exportables, pero necesitamos de estabilidad para seguir ”, asintió.

La Asociación de Empresarios Cristianos dice que se logró mantener las políticas fiscal y monetaria, pero sí se debe reforzar aún algunos campos de emprendedores, medio ambiente y educación, a más de los elementos que ayuden a la competitividad y conectividad, infraestructura, estabilidad y previsibilidad en las reglas del juego y buena comunicación, dijo Ferreira.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.