En declaraciones a los medios de comunicación, la Primera Dama de la Nación, Silvana Abdo, manifestó que la Oficina de la Primera Dama se maneja con “cero recursos” y aseguró que “hay amigos que los están apoyando”, dando a entender que los fondos que maneja son provenientes de aportes externos.

Al ser consultada sobre la dificultad para reabrir este despacho dependiente de la Presidencia de la República, la misma aseguró que no fue difícil porque “hay mucha gente que quiere colaborar y que confía en el proyecto”.

En un momento dado, Silvana Abdo evitó responder a uno de los periodistas que hizo una pregunta sobre quiénes son los aportantes que contribuyen económicamente con la citada iniciativa gubernamental.

El hecho de que la propia primera dama haya admitido que la financiación de la oficina a su cargo proviene de aportes de amigos se presta a suspicacias, sobre todo por la posibilidad de que en algún momento de pie a que se incurra en un tráfico de influencias para beneficio de sus allegados o “benefactores”.

Existen antecedentes que confirman situaciones de este tipo. Es el caso de la exprimera dama de México, Marta Sahagún, esposa del expresidente Vicente Fox, quien fue denunciada por la periodista Olga Wornat a través de su libro “Crónicas malditas”.

Uno de los cuestionamientos realizados durante el gobierno de Fernando Lugo (último periodo en el que permaneció abierto el Despacho de la Primera Dama antes de ser reabierto por Mario Abdo Benítez) guardaba relación con la gran cantidad de dinero destinado a dicha dependencia, siendo que no se trataba de ningún ministerio o secretaría ejecutiva.

Al momento de volver a crearse la Oficina de la Primera Dama (OPD) mediante el Decreto Nº 50 firmado en agosto pasado, no se aclaró de dónde provendrían los fondos para su funcionamiento, sobre todo atendiendo a que no estuvo operativa durante 5 años y, por consiguiente, no figuraba dentro de ningún presupuesto establecido por el Gobierno.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.