La fiscal, Sofía Jiménez, imputó a Arnaldo Ariel Martínez de 23 años por violencia intrafamiliar y solicitó prisión preventiva para el golpeador. El sospechoso ya posee antecedentes por el mismo hecho.

Aparentemente, el domingo pasado el joven llegó hasta su casa ubicada en el barrio Piro`y de la ciudad de Capiatá, donde atacó a los golpes a su pareja quien se encuentra embarazada.

Cuando los intervinientes llegaron a la vivienda donde residen la víctima y su atacante, encontraron la puerta derribada y las ventanas destrozadas.

El hombre fue sometido a una prueba de alcotest, que resultó positiva.

La habilitación oficial contó con la presencia del intendente de Asunción, Luis Bello; el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; y el cardenal Adalberto Martínez, quien realizó la bendición del lugar.

El albergue funcionará diariamente en el Centro Comunitario San Jerónimo, en el horario de 18:00 a 09:00, ofreciendo un refugio seguro para quienes se encuentran expuestos a las bajas temperaturas.

Las personas que acudan al sitio recibirán abrigo, ropa limpia, cena y desayuno caliente, además de servicios de higiene personal, peluquería, barbería y acompañamiento social, como parte de una atención integral.

Asimismo, la comuna anunció que equipos municipales realizarán recorridos nocturnos por distintos sectores de la capital para identificar y trasladar al albergue a personas que se encuentren en situación de calle o expuestas al frío.

Durante el acto de apertura, las autoridades destacaron la importancia de brindar protección y asistencia a los sectores más vulnerables durante la temporada invernal, mediante acciones coordinadas de contención y acompañamiento.

La iniciativa, presentada por el senador José Oviedo, forma parte de una propuesta más amplia sobre promoción, protección y apoyo a la maternidad, la lactancia materna y la paternidad. Entre sus principales novedades figura la extensión del permiso para los padres tras el nacimiento de un hijo, además de una protección especial contra despidos por el plazo de un año.

Según los argumentos expuestos por el proyectista, la medida busca reducir la brecha existente en los costos de contratación entre hombres y mujeres, al tiempo de fomentar una distribución más equilibrada de las responsabilidades familiares. También apunta a fortalecer el vínculo entre padres e hijos durante los primeros días de vida y disminuir la carga de cuidados que suele recaer mayoritariamente sobre las mujeres.

Durante el análisis en comisión, se destacó que varios países avanzan hacia esquemas que otorgan mayores beneficios a los padres para incentivar una participación más activa en la crianza y acompañar los cambios en las dinámicas familiares.

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No obstante, los legisladores coincidieron en la necesidad de evaluar el impacto que una medida de este tipo podría tener en Paraguay. Tanto la senadora Lilian Samaniego como la senadora Esperanza Martínez señalaron la importancia de considerar las condiciones económicas y sociales del país antes de avanzar con una normativa de este alcance.

Ante la necesidad de profundizar el estudio de la propuesta, la Comisión resolvió postergar la emisión de un dictamen y continuar analizando los fundamentos y alcances del proyecto.

La iniciativa modifica el artículo 100 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que actualmente exige la firma de ambos padres para que un menor pueda viajar al extranjero. Con el cambio propuesto, el consentimiento del progenitor incumplidor dejaría de ser un requisito en determinados casos.

La presidenta de la comisión asesora, la senadora Lizarella Valiente, explicó que el objetivo es agilizar trámites que suelen generar dificultades para el padre o madre que convive con el menor, especialmente cuando existe incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Según detalló, la medida apunta principalmente a situaciones de padres separados en las que uno de los progenitores no cumple con la prestación alimentaria y se encuentra registrado oficialmente como deudor moroso. En esos casos, la autorización para el viaje podría concretarse sin necesidad de obtener su firma.

El proyecto fue analizado junto con representantes del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, la Dirección Nacional de Migraciones, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y organizaciones de la sociedad civil.

No obstante, las instituciones participantes coincidieron en la necesidad de establecer mecanismos de control que permitan mantener las garantías de protección de niños y adolescentes, evitando que la simplificación de los trámites afecte su seguridad o bienestar.

La propuesta continúa en estudio dentro del Senado y forma parte del debate sobre los alcances de la patria potestad, en particular cuando uno de los progenitores incumple obligaciones consideradas fundamentales para el cuidado y desarrollo de sus hijos.