En la jornada de ayer se dio a conocer la noticia de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había fallado a favor del Estado paraguayo en la demanda presentada por Juan Arrom y Anuncio Martí por un caso de supuesta tortura y desaparición forzosa.

De esta manera, el organismo internacional dependiente de la OEA terminó desestimando la denuncia de ambos compatriotas, quienes están acusados de ser los principales responsables del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi ocurrido en el año 2002.

Pese a este fallo favorable para nuestro país, es importante recordar que las mismas autoridades del actual Gobierno Nacional -específicamente el Procurador General de la República, Sergio Coscia, y el canciller Luis Castiglioni- habían emitido opiniones contrarias a la CorteIDH.

En una entrevista con Radio Ñanduti, Coscia había manifestado que la Corte tenía una estadística del 100% y que de las 250 resoluciones dictadas desde su creación, todas terminaron siendo en contra de los Estados.

De igual manera, catalogó a esta instancia supranacional como “absolutamente inquisidora” en donde existía un 0% de ganar y ejercer la defensa del Estado. “Estamos ante una Corte que es la inquisición misma, nos cambiaron la hoguera por un par de resoluciones, esa es la única diferencia”, añadió.

En otra entrevista con la 780 AM, el procurador general de la República había señalado que, teniendo en cuenta los antecedentes, todo apuntaba a que existía una “postura ideologizada” por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Arrom-Martí y que debido a eso el Estado tenía las de perder en el juicio, cosa que finalmente no sucedió.

Por su parte, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Luis Castiglioni, en entrevista con ABC Cardinal había cuestionado a la CorteIDH por sus constantes fallos en contra de los Estados y sostuvo que esto se debía a la supuesta “ideologización” de las oenegés, situación que terminaba influyendo en los dictámenes.

“Lo que vemos es un parcialismo absoluto devenido de una ideologización de la Corte Interamericana, ahí hay una alineación ideológica evidente y al mismo tiempo un sometimiento a las organizaciones no gubernamentales que son finalmente las que deciden”, añadió a la 730 AM.

Después de estas expresiones y duros cuestionamientos, tanto Coscia como Castiglioni finalmente terminaron celebrando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Arrom-Martí.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.