En conferencia de prensa, Moreno confirmó que Paraguay ganó definitivamente el caso conocido como Gramont Berres, que tuvo una sentencia favorable a nuestro país en un juzgado de Washington DC. “Ha triunfado la causa paraguaya ni más ni menos que en una justicia federal como la de EEUU. Después de haber sido maltratados y vilipendiados, limpiamos nuestro Informconf en el mercado internacional, el nombre y la buena reputación”, expresó.

Expresó que ya habían aventurado de que la contraparte no iba a apelar ya que la sentencia era muy sólida. Añadió que el caso sentó jurisprudencia en Estados Unidos y que será utilizada cono ley.

“Ratifica la posición que siempre hemos tenido: que la deuda era una estafa”, dijo Moreno, que comparó la sentencia con la obtenida hace 140 años, cuando con el arbitraje del presidente de EE.UU., Rutherford Hayes y el por entonces canciller Benjamín Aceval, Paraguay recuperó el Chaco Boreal que pretendía anexar Argentina.

Con el fallo, Moreno expresó que desde el Ministerio de Hacienda y del Banco Central del Paraguay (BCP) se iniciarán las gestiones para colocar las reservas de Paraguay -que están en Suiza- a un mayor rendimiento. Dijo que, haciendo un cálculo rápido, nuestro país hubiera pagado cerca de US$ 1.000 millones en concepto de interés, en caso de una sentencia desfavorable.

Expresó además que tenían un recurso que no utilizaron que es el de la prescripción. Teniendo en cuenta que la sentencia que obligaba al país a pagar la deuda es del 2005 y que en el 2015 iniciaron las acciones, hubo un período de 10 años en el que prescribió la obligatoriedad. “Es un argumento que no utilizamos pero que está disponible. Está irremediablemente prescrito”, dijo.

Consultado sobre sus aspiraciones políticas, dijo que no tiene pretensiones pero sí quiere incursionar en el periodismo desde el 2018, a través de un programa de radio en AM.

El argentino Benjamín Levy Avzarradel, quien se atribuyó el nombre de Gustavo Gramont Berres, llegó a Paraguay a inicios de 1980. Gracias a las amistades que supo formar en el círculo del entonces presidente Alfredo Stroessner, el mandatario le nombró “embajador itinerante” y cónsul honorario en Suiza.

En Suiza, comprometió al país de contraer dos préstamos internacionales para sus firmas privadas, en 1986. Gramont fue detenido en EEUU y extraditado a Paraguay en 1991.

Actualmente estaría viviendo en España.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.