El diputado Juan Félix Bogado Tatter, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara Baja, sostuvo que la postura de la Asociación de Bancos del Paraguay y de la Asociación de Entidades Financieras del Paraguay, de cortar los beneficios a los usuarios, es “una respuesta casi lógica de este gremio que mantuvo este negocio con tasas de interés por encima de lo permitido y sus consecuentes márgenes de ganancia, que ahora debe reducir”.

Entre los beneficios cancelados figuran los descuentos y promociones con los comercios adheridos, las cuotas sin intereses, y se incrementa el porcentaje del pago mínimo, entre otras disposiciones. “Lo que antes se promocionaba, lo que antes se descontaba, era sencillamente parte de un esquema de marketing, combinado con el cobro de intereses inflados a los usuarios finales”, contó el parlamentario.

Señaló además que en lo que va hasta junio del presente año, la ganancia dentro del sistema bancario se aproximaba a los 2,8 billones de guaraníes. Dicha cifra, según Bogado Tatter, era manejada solo entre cuatro entidades bancarias (Itaú, Continental, Visión y BBVA), la cual corresponde aproximadamente al 76,3 % del total en el negocio de tarjetas de crédito.

Es por ese motivo que el Estado no puede permanecer ajeno a las nuevas necesidades sociales, comentó el diputado. “Ante la aparente falta de control por parte de las instituciones competentes y ante la evidente falta de legislación, el Estado intervino mediante la ley 5476/15, a fin de restituir el equilibrio y prevenir injusticias”, señaló.

Lamentó que luego de todo el trabajo técnico realizado, “ahora surgen alegaciones de que recién luego de la promulgación, tanto el BCP como los entes Financieros, se han ‘dado cuenta’ de que la tasa pasiva a ser aplicada, para calcular los intereses es la utilizada para los Certificados de Depósitos de Ahorro, y no la que utilizan los entes financieros para la concesión de créditos personales o empresariales”.

Recordó que la propia ASOBAN asumió y reconoció que esta situación de cobro excesivo de comisiones, incluso algunas superpuestas, merecía ser regulada.

El cuestionado artículo nueve, establece cuanto sigue: Artículo 9° Cobro de intereses financieros. Los intereses aplicables por el uso de la tarjeta de crédito se sujetarán a lo establecido en las leyes y regulaciones específicas que rigen la materia y no podrán exceder tres veces el promedio de tasas pasivas promedio, vigentes en el mercado.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.