Con el objetivo de impulsar una normativa relativa a la seguridad, la salud y la vida de los motociclistas, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) presentó la Resolución que reglamenta la fabricación y la importación de cascos adecuados de protección, el establecimiento de un certificación obligatoria y el régimen de licencia previa de importación y el rotulado y etiquetado de los mismos.

El acto se realizó, en el Salón Auditorio del MIC, y estuvo presidido por el viceministro de Comercio y Servicios, Pedro Mancuello, y asistieron los actores principales involucrados tanto del sector público como del privado, teniendo en cuenta que el documento es producto de un trabajo consensuado de varias instituciones y organizaciones.

La Resolución es la N°1.434/2022 “Por la cual se reglamenta el Decreto N°7.621 de fecha 22 de agosto de 2017, por el cual se crea el registro de fabricantes e importadores de cascos de protección clase turismo (T), destinados a conductores y acompañantes de biciclos, triciclos, cuatriciclos motorizados sin cabina, y se establece la certificación obligatoria, el régimen de licencia previa de importación y el rotulado y etiquetado de los mismos”, que está fechado el 7 de octubre de 2022.

Asimismo, participaron el presidente de la Cámara Industrial Paraguaya de Motocicletas y Automotores (CIPAMA), Jorge Samaniego; el representante de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, Diego Moran; la directora del Organismo Nacional de Certificación del INTN, Erika Etcheverry, y la secretaria ejecutiva del Organismo Nacional de Acreditación (ONA), Alba Cabrera. La presentación de la Resolución N 1434/2022, estuvo a cargo del director de la Unidad de Asesoría Técnica del Viceministerio de Comercio y Servicios, Luis Villalba.

Costo-beneficio

El viceministro de Comercio y Servicios, Pedro Mancuello, señaló que el reglamento presentado, es producto de un esfuerzo institucional, de un trabajo con el sector privado-público, y que tuvo su comienzo a través de una cooperación internacional, la cual permitió utilizar la metodología denominada de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). “Cualquier normativa siempre genera beneficios esperados, pero también tiene costos asociados que tienen relación a los tramites. La reglamentación que quiera tener buenas prácticas tiene que evaluar y sopesar sí esos costos justifican el beneficio esperado, y cuál es el beneficio esperado en la reglamentación. En este caso, es el de proteger la vida de los motociclistas”, indicó Mancuello.

Igualmente, hizo referencia a los últimos informes en los cuales se basó la reglamentación, mencionando que, en los accidentes de tránsito, más de la mitad correspondía a motociclistas, por lo tanto, claramente es un sector que está más expuesto y requiere de mayor protección.

“En este informe, claramente señala el esfuerzo de crear un registro de certificar los cascos, de exigirle a una empresa importadora que sea parte de una burocracia de inscribirse; de manera que cada partida sea monitoreada por el INTN, para asegurarnos que resisten las normas exigidas de dureza, resistencia, flexibilidad, y garantizar las vidas de las personas. Estamos seguros de que este paso debería ser el modelo para seguir por cualquier otra normativa”, dijo, respecto al documento presentado.

Más control, pide CIPAMA

El presidente de la Cámara Industrial Paraguaya de Motocicletas y Automotores (CIPAMA), Jorge Samaniego, manifestó que los peatones, ciclistas y motociclistas son los más vulnerables dentro del tránsito, y que con esta nueva reglamentación tienen la garantía y certeza que los nuevos cascos que entrarán al mercado, darán plena confianza a los usuarios. “Desde la CIPAMA instamos al riguroso control de uso de cascos para tener la certeza de la reducción de la gravedad en los accidentes”, aseguró.

“Portar casco no va a evitar los accidentes, pero va a reducir la gravedad de los resultados, y en algún momento también sería importante que haya una suerte de autorregulación entre las instituciones que otorgan el registro de conductor, para volver más riguroso el otorgamiento de licencia a conducir. Ahora tenemos un instrumento que nos dice que el casco que está a la venta será controlado y que cumplirá la norma paraguaya”, puntualizó Samaniego.

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Certificación obligatoria

La nueva reglamentación fue presentada por el director de la Unidad de Asesoría Técnica del Viceministerio de Comercio y Servicios, Luis Villalba, quien dijo que el casco es el elemento de seguridad mayoritariamente importante para el manejo seguro de las motocicletas, e hizo un recuento de lo accionado para llegar a la presentación del documento, realizado en la fecha. “Ya en el 2009 estaba la Norma 2103/09 que establecía requisitos de los cascos de protección, destinados a conductores y acompañantes de biciclos, triciclos, cuatriciclos motorizados sin cabinas. La norma es de aplicación voluntaria, no obstante, varias empresas se acogieron a esta norma y fueron certificando cascos, pero la obligatoriedad no estaba dada”, mencionó.

Detalló que la aplicabilidad de este instrumento surge del consenso de un equipo interinstitucional, como la participación del sector privado, que evaluó todos los aspectos de la reglamentación, busca canalizar a través de todos los actores involucrados un mecanismo de implementación posible y altamente aplicable. “El MIC tiene la responsabilidad de generar las condiciones de seguridad, pero el uso obligatorio corresponde a otras instituciones, tanto el control como la sanción por la informalidad. Los cascos que circulen dentro del mercado a partir de su puesta en aplicación, una vez que entre a funcionar todo el sistema, estaría exigiendo la certificación obligatoria que fácilmente va a poder ser identificado en el etiquetado holográfico. La resolución contempla el registro de los fabricantes de importadores de los cascos de protección, la certificación obligatoria y su mecanismo de evaluación de la conformidad”, agregó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.