Con respecto al espacio público de dominio municipal ocupado por las paradas de taxis, se amparan en la Ordenanza 26/92 que no hace referencia al pago de cánones. Solo abonan tributos como cualquier conductor, incluso menos. Según la web de la Municipalidad de Asunción pagan G. 80.000 (dos veces al año), mientras que los demás pagan más de G. 200.000.

El Ing. Luis María Pereira, director de Tránsito de la Municipalidad de Asunción, ratificó que hay 79 paradas por los que no pagan ningún impuesto. Este hecho discrepa con la Ley 881/81 Tributaria Municipal, que establece que la ocupación del espacio público (paradas) obliga al municipio a cobrar cánones.

Mientras los taxistas se blindan con la ordenanza que les exonera de impuesto a paradas, concejales presentaron el anteproyecto de ordenanza para las plataformas Uber y MUV, que regularía el servicio. Dicho documento como propuesta de ordenanza estuvo a cargo de los ediles Federico Franco y Rodrigo Buongermini, que se encuentra en la Comisión de Legislación, sujeto a modificación y/o sugerencias.

La “Ordenanza que regula el transporte oneroso de pasajeros en vehículos privados contratado a través del uso de plataformas electrónicas”, de la Comisión Legislativa en su artículo 12 pretende que cada permisionario inscripto en Asunción abone un canon de 3 jornales (G. 253.020) en forma anual. Además exigen que vivan en Asunción.

El anteproyecto de ambos concejales dice que de no constituirse en la capital, se debe designar un representante que tenga residencia permanente en la capital. Asimismo prevén multas de hasta 20 (veinte) jornales mínimos legales, en concordancia con la Ley N° 5016/2014 Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

URGEN INFORME DE PARADAS

El presidente de la Comisión de Legislación de la Junta Municipal de Asunción, Félix Ayala, presentó una minuta en la cual se solicita a través de un informe a la Intendencia Municipal, en un plazo no mayor a ocho días, todos los datos con referencia a las paradas de taxistas y la situación de los mecanismos de usufructo.

En tal sentido, el informe debe incluir: Quiénes son los propietarios reales de las paradas de taxis; qué costos tienen las paradas; cuánto cobran a cada taxista por el usufructo de las paradas; informe de cantidad de paradas de taxis habilitadas; montos abonados por la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA) y el detalle de los mismos y cuál es el mecanismo de una persona interesada que tiene vehículo y que desea tener una parada.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.