Valdés propuso “aumentar” la multa de 371 dólares que se aplica como máximo al abstencionismo injustificado en Paraguay, donde el voto es obligatorio, una cantidad que el experto calificó de “muy exigua”.

Esa cuantía, unida a la “falta de mecanismos para determinar la comisión” de la abstención y a la indeterminación de los organismos que deben recaudar la multa, provoca, a juicio del chileno, una tasa elevada de abstención, especialmente en comicios municipales, que “puede restar legitimidad a las autoridades electas”.

Así mismo, Valdés sugirió la eliminación de la prohibición de votar a los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito, puesto que la misma “no tiene razón de ser” y deja a esas personas en “situación de discriminación”.

Además, propuso reformar los artículos referidos a la nulidad del voto para “establecer con nitidez” las causas de dicha nulidad, que actualmente contienen “inexactitudes por su mala redacción”.

También la eliminación de las Juntas Cívicas, organismos de civiles voluntarios que contribuyen a organizar los comicios, y que esas tareas sean asumidas por funcionarios electorales.

Con estos y otros cambios menores en la legislación, Valdés considera que Paraguay podrá lograr “un sistema electoral más confiable e inclusivo” y pidió a los congresistas recién electos que estudien las propuestas de la Comisión de Evaluación.

Sus observaciones fueron hechas durante la presentación en Asunción del análisis de los últimos comicios generales, auspiciado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay (TSJE).

Por otro lado, Valdés se refirió al conflicto existente en Paraguay sobre la fallida pretensión de jurar como senadores activos del actual presidente, Horacio Cartes, y del expresidente Nicanor Duarte Frutos, electos en los comicios de abril.

En ese sentido, Valdés defendió el derecho de Cartes y Duarte Frutos a ser senadores activos por “la necesidad de acatar los fallos dictados” por ambas instancias, órganos “facultados” por la Carta Magna “para resolver una controversia de esta naturaleza”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.