En esencia propone incorporar a la malla curricular escolar, contenidos de una educación alimentaria y nutricional, empezando desde la enseñanza inicial y básica y continuando en la enseñanza secundaria o su equivalente.

“Los comedores escolares deberán cuidar los aspectos nutricionales de la población infantil atendida, poniendo especial énfasis en la corrección de las deficiencias de micronutrientes o exceso de energía y atendiendo las particularidades de la cultura alimentaria regional”, dice parte de la exposición de motivos.

La diputada Torres fundamenta su proyecto en un estudio del 2019 del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), que detectó una desnutrición del 1,6% en la población escolar de 5 a 19 años, tanto en escuelas públicas como privadas.

Sin embargo, lo que más preocupa es la detección de exceso de peso en la población mencionada, detectándose un 34,6 de sobrepeso y obesidad, en la misma franja etaria mencionada.

“Las cantinas escolares deberán ofrecer productos de alto valor nutricional como: frutas, yogures, cereales u otros aconsejados por profesionales de la nutrición. Los mismos deberán estar, adecuadamente, exhibidos, brindando la oportunidad de elección y aplicación de los conocimientos adquiridos por la población escolar”, establece uno de los articulados.

Agrega que en las escuelas que cuentan con huertas y/o granjas, se promoverá un abordaje integral con temas desarrollados en la EAN, tales como la producción, selección, manipulación y utilización biológica de los alimentos.

En la exposición de motivos se explica que en el Paraguay, actualmente, el estado nutricional escolar representa un problema de salud pública.

“Es importante establecer la implementación de intervenciones educativas-nutricionales, enfocadas a la mejoría de la calidad de hábitos alimentarios, como posible estrategia para la prevención de enfermedades”.

El proyecto también apunta a la promoción de las economías regionales, teniendo en cuenta que orienta acciones y elecciones sanas, promoviendo la diversidad en los productos regionales (granja, huertas comunitarias, industria nacional), fortaleciendo, además de los hábitos saludables en la alimentación, las economías departamentales.

El proyecto tuvo entrada oficial y fue derivado, para su estudio, a la comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Educación, Cultura y Culto; Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo; Salud Pública; Asuntos Municipales y Departamentales; Presupuesto; Equidad Social y Género; y a la de Juventud y Desarrollo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.