El senador Patrick Kemper (Hagamos), titular de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara Alta, habló esta mañana en sesión ordinaria sobre las ventajas que traerá al país el proyecto de Ley de Créditos de Carbono, del cual es el proyectista principal.

Dicho proyecto de Ley “establece un marco normativo para definir la propiedad del Carbono reducido, evitado y/o capturado, y de los Créditos de Carbono generados por Proyectos desarrollados en la República del Paraguay, así como prever un mecanismo para contabilizar los Créditos de Carbono transferidos desde el Paraguay a otras jurisdicciones y viceversa, a fin de incentivar y facilitar la participación de los sectores público y privado en la mitigación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y en los mercados de carbono”.

Comentó que la normativa traerá grandes beneficios económicos al Paraguay, que podría recibir en los próximos años cientos de millones de dólares por créditos de carbono.

“El proyecto busca la protección de nuestros bosques, además de ser una gran oportunidad económica. Tanto el Estado como el sector privado, que presenten y tengan reservas boscosas, realicen un proyecto de forestación o conservación de bosques existentes, un proyecto industrial o de otro tipo que disminuya o capture gases de efecto invernadero, esta Ley les permitirá contar con un marco jurídico claro que permita certificar y comercializar dichos créditos de carbono en el mercado internacional”, manifestó.

Refirió que, con la comercialización de los créditos de carbono, permitirá recibir compensaciones económicas anuales que representan ingresos en cientos de millones de dólares para el país, que podrían ser invertidos en escuelas, hospitales, seguridad, infraestructuras viales, proyectos privados, además de incentivar la conservación y crecimiento de nuestras reservas boscosas, así como la lucha contra el cambio climático.

Explicó que los países, las empresas, industrias o personas que implementen medidas que permitan la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero o la captura de estos gases, pueden emitir créditos de carbono, y estos créditos son vendidos en los mercados internacionales y adquiridos por empresas que generan emisiones de gases de efecto invernadero y tienen necesidad de compensar dichas emisiones para proteger al medio ambiente, por compromisos internacionales asumidos.

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Audiencia Pública

El senador invitó a sus colegas y a la ciudadanía a participar de la audiencia pública sobre el referido proyecto de Ley, que será el próximo lunes 27 de marzo, a las 10:30 en el Congreso Nacional.

Sobre el proyecto de Ley

El proyecto de Ley establece que el “objeto de la presente Ley es la protección de la propiedad del Carbono reducido, evitado y/o capturado, generador del Crédito de Carbono, según lo establecido en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, las leyes que rigen la materia. y los instrumentos jurídicos ratificados por el país en virtud de esta Convención”.

Además, refiere entre las definiciones que el Crédito de Carbono es el “Título comercializable emitido por una Administradora de Estándar de Carbono que asigna una equivalencia a la reducción, evitación y/o captura de 1 (una) tonelada de carbono equivalente de Gases de Efecto Invernadero (tCO2eq) por parte de un Proyecto”.

La normativa establece la instrumentación, transferencia, los créditos y mercados de Carbono, así como el registro y operación del Registro de Carbono y otras disposiciones tendientes a regular sobre el particular. La autoridad de aplicación será el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.