La iniciativa, impulsada por un grupo de senadores, prevé modificar el artículo 216 del Código Penal para imponer penas de prisión de “hasta seis años de cárcel” a quienes obstaculicen la libre circulación de personas y bienes por las rutas del país.

El proyecto, cuyo principal impulsor es el senador Enrique Riera, se espera que sea debatido mañana por la Cámara Alta, semanas después de que el país viviera una serie de bloqueos y manifestaciones por el alza de los combustibles.

“Los habitantes de esta nación no podemos ser rehenes permanentes y seguir viviendo bajo la amenaza de que hoy o mañana alguien interrumpirá el ejercicio de nuestro derecho a desplazarnos libremente”, señalaron en un comunicado los gremios productivos.

Las agremiaciones, vinculadas a la producción, al sector rural, industrial, el comercio y los servicios, consideraron el proyecto de ley “un instrumento válido de política pública” y pidieron sea considerado por el poder Legislativo.

Otra es la posición de conductores, campesinos, indígenas y sintechos, que han expresado su oposición al denominado “proyecto Riera”.

Para el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores en Moto, Federico Ferreira, lo que pretenden hacer “es elevar las penas a los efectos de coaccionar el espíritu de la gente para salir a protestar”.

El dirigente, que este miércoles llegó al Congreso para presentar las peticiones de su sector y de conductores de otros servicios, indicó a Efe que ya “hay un ley que prohíbe el cierre de rutas”.

Ferreira explicó que en esta jornada se reunió con el presidente del Senado, Óscar Salomón, para proponer que el Congreso apruebe una ley que permita a la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) adquirir de forma directa combustibles a sus pares de la región.

Como una forma de rendir homenaje a los docentes en su día, el Tesoro Público pagará los salarios esta misma tarde, en lugar de hacerlos esperar hasta mañana martes, como inicialmente estaba previsto.

El calendario indica que, durante la mañana, ya podrán percibir sus haberes las Fuerzas Públicas, el Poder Judicial y las gobernaciones.

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En tanto, durante la tarde, los funcionarios de Ministerio de Educación y Ciencias y las Universidades nacionales.

Con esto, ya no quedará nada pendiente, pues, el cronograma finalizaba con este sector mañana martes y que inició el miércoles 24 de abril con los adultos mayores, jubilados y pensionados.

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Poco después de las 09:00 hs se tuvo conocimiento sobre una amenaza de bomba en el interior del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Luque.

La alerta fue reportada tras una llamada anónima realizada por una persona, quien dio aviso sobre la supuesta existencia de explosivos en el lugar.

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Tras ello, se dio aviso a miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Luque, quienes acudieron al sitio y activaron el protocolo de rigor. Seguidamente, se convocó a personal de la FOPE.

Siguiendo con las medidas de seguridad establecidas para este tipo de casos, se procedió a la evacuación de todos los funcionarios y visitantes que se encontraban en ese momento en la institución.

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A estas horas, explosivistas de la FOPE y canes entrenados se encuentran haciendo una minuciosa inspección en todas las dependencias del juzgado luqueño, a fin de descartar la presencia de cualquier artefacto.

Esta situación se da coincidentemente el mismo día en que procesados que pertenecen al Primer Comando Capital (PCC) debían comparecer ante el juzgado para afrontar un juicio oral.

Al ser entrevistado por los medios este lunes, el presidente de la República se expresó en relación al último asalto a una sucursal bancaria ocurrido en Natalio, Itapúa.

Sobre el punto, Peña aseguró que ya dio instrucciones tanto al ministro de Defensa, Óscar González, como al titular de la cartera del Interior, Enrique Riera, para que arbitren los medios y dispongan de todos los recursos que sean necesarios.

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Respecto a la posibilidad de que los militares retomen la custodia en el Banco Nacional de Fomento (BNF), mencionó que la seguridad de las instituciones pública recae en el ámbito de la Policía Nacional.

“El argumento de que solo los militares pueden resguardar las instituciones públicas creo que no viene al caso, pero vamos a hacer todo lo que sea necesario”, añadió en relación al asunto.

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De esta manera, el mandatario da prácticamente por descartada la posibilidad de que las Fuerzas Armadas vuelvan a tener a su cargo el resguardo de las sucursales del BNF, tal y como ocurría anteriormente.

Cabe recordar que, desde febrero de este año, se dispuso el retiro de los efectivos militares de todas las sedes de la banca estatal a nivel país, mediante una resolución firmada por el presidente Santiago Peña.