La postura que tomó la Cámara Alta la semana pasada genera preocupación en el sector de la construcción. Algunos de los empresarios barajan la posibilidad de parar totalmente las obras, o en su defecto, suspender en un 50 % para por lo menos pagar los costos fijos de salarios.

“Es un golpe fuerte porque todas las obras programadas que iban a ser apoyadas por este prestamos serán afectadas, tendrán que reverse y muy pronto tendremos paro y despidos masivos, de verdad es algo de mucha incidencia”, expresó el ingeniero Hugo Florentín, presidente de la Asociación Paraguaya de Carreteras (APC) en conversación con nuestra redacción.

El profesional recordó que es la primera vez que un dinero tan importante es vetado por el Congreso Nacional, pues según los propios legisladores primó más la cuestión política que la técnica. Son cerca de 450 contratos los que están en dilema con el rechazo de una mayoría circunstancial formada por la disidencia colorada y partidos de la oposición. La no aprobación del crédito significará que unos 50.000 trabajadores queden sin fuente laboral, al paralizarse las obras.

Entre los proyectos afectados por la decisión de Senado está la construcción del acueducto para el Chaco. El ingeniero Hugo Ramón Ruiz Fleitas, coordinador del proyecto, refirió a HOY que necesariamente el Gobierno deberá buscar una salida rápida, para que los trabajos no sufran gran retraso. Parte del dinero no solo iba a ser destinado a las empresas contratistas CDD Construcciones, Consorcio ABH S.A y Consorcio PS sino también al pago de la firma Otek Argentina SA, que debía iniciar la provisión de tuberías dentro de 15 días.

Ruiz sostuvo que el sueño de contar con agua potable en el Chaco arrancó en el 2012, pero no avanzó debido a una prolongada demora. Manifestó que la actual administración puso como una de sus prioridades la construcción del sistema de agua para la región Occidental, que ahora se ve afectado por la mezquindad de los políticos.

El coordinador del MOPC detalló que en la primera fase la obra presenta un avance del 75 por ciento y tenía previsto concluir a mediados del año próximo. En ese tramo se debía colocar 200 km de caños desde Puerto Casado hasta Loma Plata, con una inversión de US$ 60,3 millones. La segunda parte está en periodo de licitación y la adjudicada está anunciada para el 31 de este mes. La misma contempla la colocación de 190 km de caños, más la construcción de un centro de distribución en Loma Plata, que hará llegar el agua con las tuberías hasta Filadelfia, Neuland y la comunidad indígena Lolita, asentada en la compañía Tte. Irala Fernández. El costo orilla los costo de US$ 30 millones.

Subrayó que la paralización de este proyecto afectará directamente a 300 trabajadores y a unos 80 mil chaqueños, divididos entre paraguayos, menonitas y pueblos originarios. Se mostró optimista en que los trabajos no cesen, ya que en caso de no ser así la construcción volverá a estancarse.

OTRAS OBRAS AFECTADAS POR EL RECHAZO DEL SENADO

Antibióticos, analgésicos, antihipertensivos, sueros, anestésicos, IOP, jeringas de 5ml y 10 ml, antimicóticos sistémicos, medicación del programa de psiquiatría y medicamentos para pacientes con afecciones reumatológicas integran la lista de lo que recibió el Hospital Nacional de Itauguá entre el 6 al 10 de mayo.

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También llegaron fármacos para pacientes renales y diabéticos, insumos para diálisis y paquetes quirúrgicos, guantes, gasas, tapabocas y electrodos. Todo esto permitirá dar cobertura suficiente y necesaria para la demanda de atención.

Según Salud Pública, esta entrega forma parte de una distribución que realiza de manera semanal en dicho hospital, por tratarse de un centro de referencia al que acuden y derivan a pacientes de diferentes puntos del país.

Provisiones como estas, también se realizan en las demás regiones sanitarias, a fin de abastecer las farmacias y los servicios.

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Un allanamiento se realizó este viernes en Asunción, dentro de un local comercial que funcionaba como despensa, bodega y heladería, pero cuyo rubro verdadero y principal era la droga.

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Del lugar se incautaron 116 gramos de cocaína, equivalentes a casi 300 dosis y 147 gramos de “chespi” suficiente para la venta de unas 1.000 dosis, según los intervinientes.

También incautaron un arma de fuego, dinero en efectivo en billetes de baja denominación y un automóvil.

En el sitio detuvieron a Juan Andrés Aquino, de 35 años, alias Cafú, quien tenía consigo las evidencias mencionadas. La Policía lo trasladó a él, junto con las sustancias, a la base de operaciones de la Senad.

El detenido es Juan Andrés Aquino alias “Cafú”.

El caso está a cargo de la fiscal María Irene Álvarez, quien encabezó el operativo con la Senad y la Dirección de Operaciones Urbanas.

Lo preocupante del caso es la ubicación de este foco de distribución de drogas, muy próximo a tres instituciones: Centro Educativo La Amistad, Escuela Solar de Artigas y Escuela Sagrada Familia.

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Una comitiva integrada por policías, la Fiscalía, con su Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y la Dimabel, se constituyó ayer en el local denominado Sporcam, dedicado a la comercialización de armas. Este comercio fue habilitado hace un mes aproximadamente, con todos los requisitos para su funcionamiento legal.

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“Había una presunción por la actitud de los propietarios y se hizo un seguimiento, anteayer hicimos un control de algunas anormalidades que no cuadraban con el sistema de trazabilidad”, detalló el Gral. de División Melanio Servín, titular de Dimabel.

El negocio habría estado vendiendo armas a espaldas de la Dimabel.

La presunción es que los responsables estarían incurriendo en el hecho punible de tráfico de armas, pues, el 50 % de las armas que tenían no fueron vendidas legalmente, dado que, debían hacerlo a través de la Dimabel, pero se saltaron este paso, indicaron los intervinientes.

Durante el procedimiento se incautaron dos escopetas, cinco pistolas, tres proveedores, un cargador, una notebook, un DVR y una caja fuerte.

El Departamento contra el Crimen Organizado quedó a cargo de las armas y de los equipos electrónicos. En tanto, al Ministerio Público le entregaron las documentaciones y a la Dimabel la caja fuerte.

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