Durante la mañana de este martes, los funcionarios de la Cámara de Diputados realizan una protesta dentro del edificio de la institución, en repudio a los atropellos que dicen sufrir en la administración del legislador Miguel Cuevas.

Los sindicalistas mencionaron que repudian los millonarios aumentos salariales para los allegados del titular de la Cámara Bahja, la creación de nuevos cargos y el acceso a los cargos sin concurso público de oposición.

“Acá estamos los que amamos la institución, trabajamos, cumplimos horario, somos valé, hay buenos profesionales que merecen asumir en los cargos, pero vienen cinco años y meten gente y luego se van”, cuestionó una de las funcionarias, Nelly Coronel. Dijo que hace cuatro administraciones son pisoteados porque siempre callan ante estos atropellos, pero que ya están cansados.

El más reciente “aumentazo” que se registró en la Cámara Baja tuvo como principales beneficiarios a varios directores de área y algunos funcionarios administrativos, quienes pasaron a cobrar sumas considerables en concepto de salario y bonificaciones extra.

Uno de los casos más notables es el de Julio Arévalos, quien actualmente se desempeña como director de Recursos Humanos. Según publica el diario Última Hora, el mismo percibía anteriormente la suma de G. 8.134.600, pero a partir de enero de 2019 pasó a cobrar un total de G. 27.059.980 (aumento equivalente a más de G. 18.000.000).

En entrevista con varios medios, el mismo se defendió de las acusaciones vertidas en su contra por este reajuste y sostuvo que hasta hace poco estaba percibiendo alrededor de G. 17 millones de forma mensual, cifra que contempla el salario y los demás beneficios extra.

Otro de los que se vieron beneficiados en la Cámara de Diputados es Arcadio Cabrera, director general de Administración y Finanzas, quien pasó a cobrar más de G. 33 millones en concepto de salario. El mismo sostuvo que “no hay nada fuera de lugar” y cree que el diputado Miguel Cuevas “seguramente le tuvo confianza” para nombrarlo en dicho cargo.

Ante el descontento generado, ayer el diputado Cuevas anunció que se conformará un equipo auditor integrado por diputados y funcionarios para analizar los aumentos y que las bonificaciones quedarán suspendidas hasta tener un resultado de la investigación.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.