José Ortiz, presidente de Tabesa, refirió en entrevista con la radio Universo  – Nación Media que ni los propios legisladores de la Cámara Alta consiguen entender en qué consiste el polémico protocolo antitabaco ilegal.

Vale recordar que en diciembre del año pasado, en su última sesión ordinaria, el Senado pospuso sin fecha definida el tratamiento del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, adoptado en Seúl, República de Corea, el 12 de noviembre de 2012.

“Es una  ley de un montón de artículos y de todos ellos ninguno refiere a la salud, habla de la trazabilidad y demás cosas. De los países que afirmaron ese protocolo, ninguno aplicó en forma estricta porque hay cosas de carácter técnico que resultan inaplicables”, indicó Ortiz.

Para el titular de los tabacaleros, detrás de este proyecto existiría un gran negociado con la venta de software y hardware. “Este proyecto de ley conlleva obligaciones presupuestaria, inversiones del Estado y quieren que las propias industrias lo hagan, lo cual es ilegal. El instrumento de control debe salir de los impuestos y no deben salir nuevamente de las empresas”, argumentó.

Así también, Ortiz mencionó que esta iniciativa beneficiará a las multinacionales al implementar una competencia desleal, al prohibir la exportación en conteiner consolidado y eso ocasionará terribles pérdidas monetarias para las fábricas paraguayas. Además pulularán las empresas clandestinas. “Esta ley promueve el negocio ilícito de tabaco y premia a la industria clandestina que se va a forrar de dinero”, lanzó.

“Yo les pido a los legisladores que por lo menos el sector sea convocado para explicar la inaplicabilidad de este proyecto”, rogó el empresario al momento de ejemplificar que Chile, el cual es el mayor exportador de cigarrillos de la región, no firmó ese documento. Lo mismo ocurre en EE.UU. y Canadá, de acuerdo con el entrevistado.

Respecto a los que sí se adhirieron al protocolo, José Ortiz citó que Brasil lo hizo y actualmente es el país donde más fábricas ilegales aparecieron en los últimos años. “No les dio el mínimo resultado y no sé ni si lo aplican. De qué sirve sancionar una ley que es imposible aplicar”, subrayó.

Finalmente anunció que si se sanciona y promulga la ley, inmediatamente desde su sector se verán obligados a presentar acciones de inconstitucionalidad para impedir que entre en vigencia.

EL POLÉMICO PROTOCOLO

El Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco es un tratado internacional contenido en el Artículo 15 del Convenio Marco de Control de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“La idea es el control de la cadena de suministro, sistema de licencia, trazabilidad, contar con información sobre todo lo que se produce y se vende, asegurando que sea legal y esté sujeto al pago de impuestos específicos, de acuerdo con la normativa de cada país”, expresó la Dra. Marcia Erazo de la OPS/OMS.

Sin embargo, a criterio de Tabesa, las medidas planteadas ya están contempladas en la legislación nacional vigente y sólo agregará más costos a quienes trabajan de manera “licita” en la producción, importación, exportación y comercialización de Productos de Tabaco.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.