El equipo de La Caja Negra viajó hasta la departamento de Paraguarí, en el distrito de Yaguarón para constatar la denuncia de los ciudadanos que rechazan la instalación de un vertedero en la zona por temor a que se afecte los humedales que alimentan el lago Ypoa.

El inmueble en el que se pretende instalar el vertedero se encuentra ubicado en el Distrito de Yaguarón, Departamento de Paraguarí. La dirección del inmueble es Compañía Curupayty en el lugar denominado Guaviray.

En el lugar se pudieron verificar grandes fosas para depósito de basura que fueron cavadas con maquinarias en un inmueble propiedad de la empresa Benia Ambiental S.A. El movimiento de suelo se realizó sin licencia ambiental y sin permiso municipal.

En octubre pasado el fiscal del ambiente Carlos Rojas imputó a tres directivos de la empresa Benia Ambiental S.A. Los procesados por el Ministerio Público son Juan Alberto Denis, expeditado liberal, Maria Laura Cañete (hija de la empresaria Aldelaida Cañete, accionista de El Farol) y Hugo Centurión.

Pese al proceso judicial abierto en octubre del año pasado, el proyecto volvió a presentarse en el Ministerio del Ambiente el 21 de mayo pasado y en plena cuarentena. Llamativamente, varias direcciones dieron su visto bueno al proyecto sin tomar en cuenta los antecedentes y la observación respecto a la ubicación del proyecto.

Los principales argumentos en contra tienen que ver con la ubicación del sitio. El área donde se pretende instalar el relleno sanitario se encuentra en gran parte en un campo bajo inundable, ademas de estar ubicado en zona de humedales.

Expertos ambientales coinciden en que la construcción de un área de depósito final de desechos sobre humedales acarrearía un grave e irremediable impacto ambiental, poniendo en riesgo la funcionalidad del recurso hídrico y por ende la provisión de agua potable a poblaciones humanas y a la biodiversidad.

De acuerdo a la normativa vigente un relleno sanitario debe ubicarse al menos a 500 metros de la vivienda mas próxima y a más de 500 metros de pozos de abastecimiento de agua. Sin embargo en el lugar pudimos constatar que la vivienda más cercana se encuentra a 52 metros del área y el pozo artesiano a 85 metros; a pesar de ello, el proyecto tiene curso favorable en el MADES.

La población afectada manifiesta su rechazo y advierten más medidas de fuerza.

Hasta el momento el Ministerio del ambiente a cargo del ministro Ariel Oviedo no ha dado respuesta oficial a la pobladores de Yaguarón ni al gobierno municipal.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.