Ángeles Arriola, directora general de Migraciones, en entrevista con el canal GEN habló sobre los “vuelos burbuja” con Uruguay y comentó que la semana pasada se llevó a cabo una reunión con diversas autoridades del gobierno y representantes de dicho país.

En aquella oportunidad se delinearon algunos de los aspectos a ser considerados para el reinicio de los vuelos comerciales, esto teniendo en cuenta un estricto protocolo que fue elaborado en base a un decreto vigente en Uruguay.

En principio, solamente se prevén viajes de ida y vuelta entre Paraguay y Uruguay. Por ende, no habría posibilidad -al menos de momento- para hacer escala allí a fin de viajar a otros destinos del resto del mundo.

Arriola explicó que tanto Paraguay como Uruguay solamente recibirán a connacionales y residentes extranjeros mediante estos vuelos burbuja. Igualmente, se contempla la opción de viajes de negocios, pero siempre siguiendo el protocolo establecido.

Desde Uruguay exigen que el viajero que ingrese al país cuente con un test de COVID-19 negativo dentro de las 72 horas, así como la realización de una cuarentena dentro de los 6 días del arribo. En caso de llegar a un séptimo día de permanencia, se debe hacer una segunda prueba, a fin de confirmar o descartar si sigue sin contagio.

La directora de Migraciones aclaró que, una vez que salen de la terminal, los viajeros directamente serán remitidos a un lugar donde cumplirán una cuarentena preventiva de una semana, sea un hotel o algún otro sitio habilitado para el efecto. Durante este lapso de tiempo, no podrán salir a hacer recorridos o visitas a ninguna parte.

Dentro del protocolo para estos “vuelos burbuja” también se pretende incluir un “seguro del viajero”, el cual abarcaría la cobertura de los gastos en caso de que la persona contraiga el virus.

El protocolo también contempla el llenado de un formulario especial en el que se incluirá la información sobre el lugar de procedencia del viajero, sea dentro o fuera del territorio uruguayo. Esto tendrá carácter de declaración jurada.

“Va a ser una prueba bastante importante, pasar eso sería ya pensar más adelante”, refirió Arriola.

En principio, la puesta en marcha de estos vuelos está prevista para el mes de septiembre, esto siempre dependiendo de la situación epidemiológica actual en nuestro país en vista al aumento de casos de COVID-19.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.