Según explicó Rasmussen a Universo 970 AM, la idea del proyecto de ley es que los jubilados, trabajadores y empleadores elijan de manera directa a los miembros del Consejo de IPS.

Para el efecto, se deberían organizar unas elecciones que sean supervisadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), tal y como ocurre en otras instancias en las que se deben elegir representantes para determinadas instituciones.

“Hoy como está la carta orgánica del IPS, todos los consejeros son designados por el Ejecutivo a través de decretos. Además de eso existe la figura del presidente del instituto que también es nombrado por decreto. El IPS se maneja casi como un ministerio porque todo depende del Ejecutivo pero la lógica del IPS no es esa”, expresó.

El parlamentario puso como ejemplo el caso de Uruguay donde los aportantes al sistema previsional son los que reclaman una mejor atención en salud y el correcto uso de los fondos jubilatorios.

“La idea es pasar el poder de elección por lo menos a los reales dueños del IPS que son los trabajadores, empleadores y jubilados”, añadió Rasmussen.

El presidente del IPS no sería electo por voto directo sino de entre los miembros del Consejo Directivo y de manera rotativa, con un recambio cada año.

El proyecto contempla que haya un director ejecutivo de Jubilaciones y Pensiones y otro director ejecutivo de Salud, pero que ambos sean designados previo llamado a concurso para abrir la convocatoria a cualquier ciudadano, esto a fin de que la administración de los fondos se haga de manera profesional, especificó Rasmussen.

Asimismo, dijo que la propuesta también apunta a que los fondos jubilatorios y de salud tengan unidades de administración financiera separadas para evitar que sean utilizados para otros gastos que no correspondan.

Según mencionó, esta idea ya viene siendo trabajada desde hace varios años y cuenta con el apoyo de más de 25 asociaciones empresariales, de emprendedores, trabajadores, entre otros.

El proyecto de ley se encuentra en el orden del día para ser tratado mañana en la Cámara de Senadores.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.