En entrevista con ABC Cardinal, Núñez se refirió sobre la comparecencia del intendente de Lambaré, Armando Gómez, esta mañana ante la Comisión Especial que tiene a su cargo el análisis del pedido de intervención de Lambaré.

Al respecto, sostuvo que existen denuncias consistentes contra la administración del jefe comunal, quien es acusado por una serie de irregularidades administrativas y financieras, entre ellas la mala utilización del rubro de transferencia de capital al sector privado sin licitaciones públicas, la presunta sobrefacturación de obras, contrataciones arbitrarias por la vía de la excepción.

Los miembros de la comisión aún tienen dudas sobre ciertos puntos como la deuda existente en la Caja de Jubilaciones, indicó el parlamentario. En su momento, los concejales habían cuestionado el pago que se realizó sin previo acuerdo de la Junta Municipal, siendo que para cualquier tipo de convenio se necesita de su autorización.

Las denuncias que existen podrían llevar a una intervención, pero eso ya dependerá de la plenaria, aseguró Núñez, quien no quiso adelantar su dictamen ya que primero debe analizar la cuestión con sus demás colegas.

En igual sentido, recordó que ya habían solicitado documentaciones al Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República y la Caja de Jubilaciones, a fin de hacer la comparativa con los informes que tienen en la comisión especial.

El diputado señaló que, en caso de darse curso al pedido de intervención, el interventor tendrá un plazo de 60 días para revisar las denuncias y hacer la investigación y no solo 15 días como lo tuvieron ellos.

Según adelantó, es muy probable que mañana vuelvan a realizar una visita a la sede de la comuna lambareña como parte final del proceso.

Se espera que en la sesión extraordinaria de este miércoles la Cámara de Diputados defina si corre o no el pedido de intervención a la Municipalidad de Lambaré.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.