El cargamento descubierto en el puerto de Montevideo rati­fica el auge ganado por el nar­cotráfico en nuestro país en los últimos dos años, con casos relevantes como los mega­cargamentos decomisados en puertos europeos.

El ex ministro de la Senad Arnaldo Giuzzio se valió de un decreto firmado por el Presi­dente Mario Abdo Benítez el mismo día de su asunción en el cargo (15/08/2018) para que dos años después desarticule una dirección que tenía bases de control antidroga en los puertos privados con el obje­tivo de mitigar la exportación de drogas a través de la hidro­vía. Con esto Abdo dio “vía libre” a su ex ministro para que “reorganice” la institu­ción, teniendo una responsa­bilidad sobre dicha secreta­ría porque la Senad depende directamente de la Presi­dencia de la República. Esta “reorganización” significó el abandono en los controles en sitios desde donde salen gran­des cargas contaminadas con toneladas de cocaína.

Con la intención de justificar la liberación de los puertos privados que realizó Arnaldo Giuzzio, la actual ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Zully Graciela Rolón Esquivel, señaló que la desarti­culada Dirección de Investiga­ción Aérea Fluvial y Terrestre (Diaft) no obtuvo resultados.

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Mario Abdo y el narcotráfico

Desde el día que asumió el presidente de la República se encargó de desmontar hasta los más mínimos controles que teníamos en los puertos para que sea cada vez más fácil convertir al Paraguay en lo que hoy lastimosamente se convirtió: la plataforma más importante de distribución de cocaína proveniente de los poderosos carteles de Brasil y Colombia. El esquema de desmontar controles tuvo como brazo operativo a Arnaldo Giuzzio, todos recordamos cómo terminó y sobre todo los motivos. Si no hubiese sido por las publicaciones de este grupo de medios que mostraron el nivel de confianza y complicidad que tenía con uno de los narcotraficantes más importantes del Brasil, hoy Giuzzio hubiese sido el candidato preferido del Ejecutivo para ser fiscal general del Estado. Ese era el plan original.

Una nueva incautación de un total de 653 kilos de cocaína (valuado en US$ 25 millones) en el puerto de Montevideo (Uruguay), que iban dentro de un contenedor que llevaba carne nacional y que tenía como destino principal a Europa, específicamente Rusia, con una parada en el estratégico puerto de Amberes, ubicado en Bélgica. Informes presentados por el senador Enrique Riera señalan que, del total de droga traficada, solamente se incauta el 10%, y calcula que por Paraguay se movieron cerca de 480 toneladas de la droga, las cuales tienen un valor en el mercado de casi US$ 2.500 millones. Nadie se conmovió. La pseudooposición, las oenegés, los medios alineados.

Por el corredor paraguayo creado por Abdo Benítez y su narcogobierno pasaron 47 toneladas de cocaína, es lo que se sabe, el otro 90% probablemente ya esté en las calles del Viejo Mundo. Los daños comerciales que se generan a los diversos rubros que hasta ahora han sido contaminados son multimillonarios y a nadie parece importarle los peligros de que los productos paraguayos lleven el sello de la sospecha de estar vinculado al narcotráfico en todo el mundo.

La Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), a través de su presidente Randy Ross señaló que pone en riesgo la reputación del país que el narcotráfico utilice el producto estrella de la exportación paraguaya para ocultar sus envíos a Europa, luego que en el puerto de Montevideo (Uruguay) se incautaran 653 kilos de droga (con valor calculado en US$ 25 millones) dentro de un contenedor de producto cárnico proveniente de Paraguay.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.