Marín era parte del comité de evaluación de las ofer­tas de la licitación del citado proyecto. En su reemplazo fue designada Lorena Bal­buena Soto, quien se desem­peñaba en el departamento de Gestión Ambiental.

Los trabajos en realidad ya tendrían que comen­zar porque en abril pasado adjudicaron al Consor­cio CTT (Talavera y Orte­llado SA y Tecnoedil SA) por G. 377.187 millones, es decir unos US$ 61 millo­nes aproximadamente, la oferta más barata de la lici­tación dentro de las empre­sas calificadas. La aper­tura de ofertas ya se inició el pasado 13 de noviembre.

Pero luego de la protesta presentada por parte del segundo mejor oferente, la Constructora Asunción, firma de Enrique Díaz Benza, ex suegro del pre­sidente Mario Abdo Bení­tez, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), mediante la Reso­lución 1.412, resolvió anu­lar la adjudicación al Con­sorcio CTT.

Como principal punto de esta denuncia ante la DNCP, es que la empresa adjudi­cada debía tener una obra ejecutada por G. 145.000 millones, pero presentó un certificado de una obra de la EBY en el que alcanza sola­mente G. 143.000 millones. De esta forma, la DNCP retrotrajo la adjudicación y dio una chance a la firma del ex suegro del presidente de la República, que pre­siona fuerte por el contrato.

Sin embargo, una denuncia anónima se presentó nue­vamente hace un par de días y sumó irregularidades al expediente que se encuen­tra en “evaluación”. Apa­reció “factura falsa” que en teoría fue presentada por la Constructora Asun­ción y Asociados para la compra de recicladora de la firma Cimasa, pero el documento fue anulado. El hecho estancó más el pro­ceso de evaluación.

Luego de varios impasses en el proceso licitatorio y mucha presión por parte de Constructora Asunción para conseguir el jugoso contrato, fue removido Marín Bestard, nada menos que uno de los evaluadores de la licitación, quien ela­bora los dictámenes a favor o en contra de las ofertas.

NO HABLAN

Tratamos de hablar con Marín, pero se limitó a decir “estoy muy agradecido al titular de la cartera de Obras, Arnoldo Wiens”.

El proceso se mantiene bajo 7 llaves y los responsables no salen a aclarar detalles de la millonaria licitación. Por su parte, Carlino Velázquez, viceministro de Administra­ción y Finanzas del MOPC, dijo no estar interiorizado sobre el proceso, mientras que Ignacio Gómez, vicemi­nistro de Obras Públicas, no respondió las llamadas ni los mensajes. Dijo que podría hablar recién en media hora, pero no dio retorno durante el día de ayer.

La obra en cuestión corres­ponde al desvío a Alberdi hasta el río Tebicuary (51,5 km) y la travesía urbana Villa Franca (2,2 km), cuyo costo estimado es de G. 406.735 millones.

Llegada con las autoridades

El gerente de la firma EDB Construcciones, José Díaz Benza, fue uno de los fuertes operadores de la campaña política de Mario Abdo Bení­tez a la Presidencia, por lo que la dilación de esta millo­naria licitación, más la pre­sión y la llegada que tiene con Arnoldo Wiens, ministro de Obras, juegan a su favor como eventual adjudicado en los próximos días.

De hecho, hay anteceden­tes de irregularidades que salpican a la firma de los ex familiares del Presidente y en el MOPC mantienen en reserva. Por ejemplo, una auditoría que realizó el BID revela defectos detectados en la construcción de la ruta Blas Garay en el tramo a cargo de EDB Construcciones, firma de Enrique Díaz Benza, ex suegro del mandatario.

En el MOPC evitaron brin­dar explicación sobre la falla que saltó en la audito­ría del BID. Antes de esto ya había saltado un premio de G. 8.600 millones que la administración de Wiens venía encaminando para pagar a la citada firma en concepto de “bonificación por entrega anticipada” de obra. Sin embargo, la con­tratista se retrasó 1.839 días en la entrega de la misma. El trámite de pago se tuvo que dejar en espera después de saltar esta irregularidad.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.