El equipo de “La caja negra” tuvo acceso a más documentación de carácter confidencial de la Seprelad que revela una purga interna dentro de la institución con el objetivo de borrar rastros que podrían dejar al descubierto los ope­rativos de investigación y fil­tración digitados desde la UIF-Seprelad (Unidad de Inteligencia Financiera). El séquito de funcionarios que responden a las órdenes directas de la viceministra Carmen Pereira, esta última apuntada como ejecutora de las órdenes de “arriba” para perseguir a los enemigos políticos del gobierno actual, está ahora intentando saltar del barco ante el inminente arribo del equipo de transi­ción del nuevo gobierno.

Los funcionarios que respon­den a las órdenes de la vicemi­nistra Pereira, de los cuales tres han presentado renuncia al cargo en los últimos meses, son los siguientes:

Juan Francisco Fernández Albertini: Presentó renun­cia al cargo el pasado 26 de junio de 2023, ocupaba el cargo de director general de Supervisión y Regulaciones de la Seprelad. Desde su uni­dad se dirigían los operati­vos de supervisión in situ a los sujetos supervisados por la Seprelad. Habría varios casos de apriete y chantaje denunciados.

Marcos Garcete Fernández presentó renuncia al cargo el pasado 2 de mayo de 2023 y solicitó su descomisiona­miento. En su nota argumenta que ya no percibe los mismos beneficios económicos que al comienzo. De acuerdo a los datos públicos de Hacienda registró récord en viáticos y bonificaciones durante el mes de mayo de 2022 (tem­porada de filtraciones). Este funcionario respondía direc­tamente a las órdenes de la viceministra Carmen Pereira desempeñándose como jefe de departamento y analista. Era parte del engranaje clave en la cadena de confección de informes de inteligencia.

Hernán Villamayor presentó renuncia al cargo el pasado 28 de febrero de 2023 y soli­citó su descomisionamiento. También argumentó reduc­ción en el cobro de sus bene­ficios laborales. En su caso se puede observar un impor­tante aumento en el cobro de beneficios durante el mes de las filtraciones (mayo 2022) situación que cambió pos­terior a las elecciones par­tidarias.

Guillermo Preda Galeano, actual director general de Análisis Financiero y Estra­tégico, considerado el funcio­nario más leal y el que sucedió a Carmen Pereira en la direc­ción que ocupa actualmente. Sindicado de ser el nexo que proveía información clasifi­cada a los medios de prensa aliados.

Diana Benitez, conocida como “la viajera” pasó por varias direcciones entre ellas Asesoría Jurídica, análisis y luego Supervisión. Conside­rada “infiltrada” de la vice­ministra Carmen Pereira en varias dependencias.

Además de las renuncias registradas hasta ahora dentro de la Unidad de Inte­ligencia Financiera (UIF-Se­prelad) existe temor ante la posibilidad de una quema de archivos dentro de la institu­ción. Los funcionarios asig­nados al área de inteligencia utilizan desde el año 2020 un software llamado SAS (proveído por la empresa BI ESFERA SRL), herramienta que les permite básicamente consumir y agrupar los datos masivos (toda información a la que se pueda tener acceso), además estructurar y mode­lar esos datos (alertas, ROS, etc.) y por último investigar y gestionar conexiones y vín­culos entre todos los datos.

Las primeras funcionalida­des del software, agrupar y estructurar los datos la reali­zan programadores externos de Argentina (desde donde se maneja un “espejo” del sis­tema, es decir se accede a toda la información) con funcio­narios de la Dirección de Informática y la Dirección Estratégica dependiente de la Dirección General de Aná­lisis a cargo de Guillermo Preda.

Las funciones de investiga­ción y gestión del SAS son eje­cutadas por los agentes ope­rativos que son funcionarios de la Dirección General de Análisis (a cargo de Preda) y funcionarios de la Dirección Estratégica.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.