El Senado, ayer jueves, introdujo modificaciones al Proyecto de Ley “De protección de niños, niñas y adolescentes contra contenidos nocivos de internet”, que tiene por objeto establecer una regulación jurídica para la protección de niños, niñas y adolescentes de aquellos contenidos inapropiados para ellos, que son difundidos por Internet.

En tal sentido, se deberá establecer parámetros técnicos para adecuar los filtros de protección en los navegadores y los programas de intercambio o de programas especiales para bloquear el acceso a sitios nocivos.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) será la encargada de establecer los parámetros técnicos para adecuar los filtros de protección en los navegadores, de modo a bloquear el acceso a sitios nocivos. Además, la fiscalización y el control del cumplimiento serán efectuados por la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni).

La propuesta ahora se encuentra en la Cámara de origen, la de Diputados, para nuevo estudio.

LAS MODIFICACIONES

Sobre el punto, el proyectista Eber Ovelar (diputado colorado), en conversación con la 970 AM, comentó que el proyecto original presentado fue modificado sustancialmente en las distintas comisiones de la Cámara Baja. “El original hablaba sobre establecer normas jurídicas para proteger a los niños y adolescentes de contenido nocivos difundidos en Internet, que son accesibles en establecimientos habilitados a todo público, como cyber café, las plazas y otros lugares”, dijo.

El parlamentario contó que entre las modificaciones, se introdujeron en la lista los smartphones y otros aparatos del hogar.

El proyecto original pretendía reprimir la difusión y promoción de la pornografía infantil, la construcción de armas y explosivos, la incitación al uso de sustancias estupefacientes y drogas peligrosas previstas por la Ley 1340, y la promoción del racismo y xenofobia.

“Lastimosamente luego en las discusiones posteriores, los referentes de diferentes organismos como oenegés, el proyecto sufrió modificaciones que lo sacaron de foco. Ahora vi que sufrió de vuelta vitales modificaciones en el tratamiento”, explicó Ovelar.

Reconoció que dentro del régimen de la tutela los padres son los encargados de decidir qué contenido es nocivo y qué no lo es, pero que la cuestión se da en los lugares públicos. “El tipo del cyber simplemente cobra sus G. 5.000 y el chico está viendo pornografía y muchas veces son víctimas de ‘grooming’ (acoso de adultos que piden imágenes a menores). De esto hablamos en la ley”, aseveró.

ONG RECHAZA CENSURA

La organización Tedic, que desarrolla tecnología cívica abierta y defiende los derechos digitales en favor de una cultura libre en Internet, pegó el grito al cielo al conocer la normativa analizada, a la que consideró de únicamente atacar las consecuencias y no las causas.

La ONG consideró que la normativa es desproporcionada y afecta al derecho a la libertad de expresión. “Este proyecto de ley no establece suficientes garantías para la protección de la libertad de expresión, ni el debido proceso de los usuarios y además impone obligaciones difusas o desproporcionadas a los intermediarios que no deberían ser responsabilizados civilmente por daños surgidos por contenidos generados por terceros”, dice en su página web.

Tedic resalta la postura de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ve difícil que los intermediarios (nexo entre la persona que produce la información y la persona que la recibe) puedan ejercer un control de los contenidos que se producen en Internet.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.