Tras la promulgación del decreto Nº 5088 que establece subsidios para los trabajadores y comerciantes de 16 ciudades que comparten frontera con la Argentina en los primeros días del mes de abril, se comenzó con la inscripción que en dos semanas superó las 130.000 personas, pero se realizaron las verificaciones y cruces de nombres y se encontraron que hasta presos de las penitenciarias se anotaron, tras la depuración quedaron alrededor de 25.000 beneficiarios que se vuelven a dividir en 4.000 trabajadores del sector laboral formal y el resto de los informales.

Desde el pasado sábado el primer grupo comenzó a cobrar lo que serán cuatro pagos equivalentes al 50% del salario mínimo vigente, unos G. 1.100.000, el primero de los pagos será doble o sea un salario mínimo, para los 21.000 informales el pago será de G. 500.000 en dos pagos que se iniciaran esta semana. Las personas que podían ser alcanzadas por este beneficio eran los trabajadores, personas físicas, comerciantes, personas unipersonales inscriptos en el Registro Único del Contribuyente que fueron afectados por la pandemia y que no hayan sido ya beneficiados con otros subsidios anteriormente.

Hasta ahí el apoyo conocido como Pytyvõ de Frontera, tenía un fin loable que era ayudar a las personas u comerciantes que efectivamente estaban siendo duramente golpeados por la pandemia, pero todo cambió cuando se dio a conocer la lista de las personas que desde el sábado debían pasar a cobrar la ayuda, ya que en la misma aparecieron nombres de comerciantes y empresarios de buen pasar que no necesitan de ese dinero, ya que viven en exclusivos barrios cerrados de Encarnación, son dueños lujosas mansiones, comercios, restaurantes, cadenas de farmacias, hoteles y se manejan en vehículos de lujo. En las redes sociales y páginas web que publicaron la lista los comentarios contra los avivados no pararon.

Uno de los casos que más indignación causó fue el de Ana Bulzacchelli, quien tiene una mansión en Agua Vista, un complejo a orillas del río Paraná reservado solo para las familias más pudientes de la zona y también es dueña de hoteles, restaurantes y farmacias. Muchos de los subsidiados por el Pytyvõ de Frontera viven en ese lujoso complejo que tiene una inversión varias veces millonaria. Luis Osvaldo Sarquis Petta, es un proveedor del Estado aparece en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones operando en el rubro de perforaciones, con el nombre de Sarquis Perforaciones, otro de los beneficiados. También hubo mucha indignación contra Teresa Cristina Malinowski Ibasiuten, quien vive en una mansión ubicada en un lujoso barrio de Encarnación al que se le conoce como Hollywood, por su exclusividad, no se sabe que negocio tiene a su nombre, pero apareció en la lista de beneficiarios. Graciela Beatriz López, tiene un negocio de venta de uniformes en el circuito comercial encarnaceno, que no cerró durante la pandemia y la mujer se maneja en una camioneta de lujo último modelo. Otro que también denunciaron los encarnacenos al ver su nombre entre los que recibirán el aporte es Ricardo Wander Casas, conocido político aparece en la nómina y según señalan los que lo conocen tiene muchas propiedades en la zona.

De esta manera se suceden los nombres de empresarios que tienen un buen pasar pero que están cobrando la ayuda del Estado en detrimento de otros comerciantes y trabajadores formales que tuvieron que despedir gente y están al borde del cierre que no aparecen en el Pytyvõ de Frontera. Al darse a conocer la lista de los beneficiados por este subsidio las protestas de las personas y la indignación no se hicieron esperar. Algunas voces que se hicieron escuchar, señalaban que esos poco más de dos millones de guaraníes que cobraron estos empresarios no les iba alcanzar ni para pagar un asado de fin de semana o para más de un tanque lleno de sus vehículos.

Una vez más los avivados se pusieron en primer lugar para recibir un dinero que atendiendo al estilo de vida que llevan no les hace falta, pero le privan de un ingreso importante a quienes realmente la están pasando mal en estos tiempos difíciles de sobrellevar.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.