En entrevista con Radio Uno, Ayala manifestó que la intención era darle continuidad al debate que habían iniciado desde la organización Desarrollo en Democracia (Dende) en el 2013 cuando los anteriores candidatos presidenciales lograron exponer los temas principales sobre los cuales construir un programa de gobierno.

Destacó el hecho de que se haya dado mayor profundidad a los temas y planteamientos mediante las repreguntas de los panelistas, así como el nivel de audiencia estimó como “uno de los más altos”, atendiendo a que la mayoría de los medios de comunicación realizó la transmisión en directo.

Ayala admitió que le hubiera gustado tener más de un solo debate presidencial. “Creemos que deberían ser siempre tres, uno orientado al área económica, otro al área social y otro institucional, así como en otros países”, manifestó a la 650 AM.

Al hablar sobre los cuestionamientos y críticas, se preguntó “qué debate presidencial en el mundo es divertido”, alegando que “generalmente la exposición en áreas temáticas no tiene mucho de diversión”. “Creemos que esto sí fue un debate porque hubo una interacción con los periodistas. Fue un debate no entre los candidatos pero sí entre los periodistas que preguntaban y los candidatos que respondían”, agregó.

Al hablar sobre el formato de debate elegido, aseguró que es un modelo adoptado a nivel internacional y consideró que hacer otro distinto como uno con público presente es muy ambicioso. “Para hacer este debate tuvimos que negociar muchísimo y estuvo en riesgo hasta el 16 de febrero, cuando finalmente se tomó la decisión final”, recordó el coordinador del evento.

En otro momento de la entrevista, Ayala expresó: “No podemos pretender que la organización pueda responder por la falta de profundidad en las respuestas de los candidatos”, haciendo alusión a las críticas por las respuestas de los presidenciables Mario Abdo Benítez (ANR) y Efraín Alegre (Alianza Ganar).

Respecto a los minutos establecidos para cada respuesta, mencionó que lo que se buscaba era “aprovechar” y “ver la creatividad del candidato y su capacidad para comunicar ideas en corto tiempo”, aunque admitió que con ello no se pueden abordar todos los temas nacionales. “De generalidades en las promesas de los candidatos estamos cansados”, acotó.

“Este es el debate posible, no el debate deseable. Tiene que ser un proceso, hay que seguir avanzando. Desde el 2013 hasta ahora dimos pasos para adelante y un paso para atrás”, puntualizó Raúl Ayala al tiempo de asegurar que “la democracia exige la confrontación de ideas”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.