El MOPC y la Essap realizaron el jueves una misión en la zona de Puerto Casado y Loma Plata del Chaco paraguayo, a fin de verificar las obras del acueducto e informarse personalmente sobre las necesidades técnicas que se requieren para su completo funcionamiento.

La comitiva estuvo conformada por autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), encabezados por el viceministro de Obras, José Espinosa; la titular de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (Dapsan), Claudia Crosa y Pablo Adorno, coordinador de Proyectos de Agua Potable, Saneamiento y Obras Hidráulicas, (CAPSOH).  Además estuvieron representantes de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap S.A.), así como autoridades de los municipios y gobernaciones de la zona.

Una vez detectados los problemas técnicos, desde ambas instituciones se trabajará de forma coordinada en una solución para proveer agua potable a los pobladores del Chaco, a fin de cumplir con una de las prioridades del presidente Santiago Peña.

Pablo Adorno, Coordinador de Proyectos de Agua Potable Saneamiento y obras Hidráulicas del MOPC, comentó que la idea es solucionar el tema del acueducto, trabajar de forma organizada y conjunta, y darle participación a las cooperativas de la zona que conocen mejor el lugar. “La prioridad es ponerlo en operación en la brevedad posible. Se puede usar lo que hay. Desde el MOPC creemos que el acueducto puede funcionar, de hecho funcionó durante dos años, en la sequía y abasteció de agua a todo el Chaco”, resaltó.

Según explicó a la radio 650 AM, el acueducto tiene pérdidas que implican trabajos de reparación y una vez subsanado el problema puede entrar en operación en un breve periodo.

Una vez que se llegue a un acuerdo entre las autoridades de Essap y MOPC, en un mes se podría poner en poner en funcionamiento la estructura, salvo que ocurra alguna eventualidad inesperada, de acuerdo con el entrevistado. Consultado sobre por qué el gobierno anterior no solucionó el problema, dijo que era una pregunta complicada de responder.

Sobre los trabajos hechos desde el Gobierno ante el inconveniente generado en el Chaco, citó que se rescindió el contrato a los dos contratistas responsables de los lotes del primer tramo que está registrando inconvenientes, por lo que el caso se encuentra en Tribunal de Cuentas para ejecutar la póliza, y además la actual ministra de Obras Públicas inició un proceso de auditoría en paralelo para deslindar responsabilidades.

Adorno recordó que la construcción del acueducto pasó por varios gobiernos y que fue dejado de lado por muchos años. “El acueducto tiene 4 etapas, la primera es la que transporta todo el agua tratada para luego ser distribuida en todo el Chaco. La primera etapa inicio en el 2013, tuvo unos inconvenientes, recién en el 2020 se pudo hacer funcionar”, detalló.

El funcionario explicó que el agua se capta del río Paraguay, en la ciudad de Puerto Casado, donde se trata y se transporta a través de unos ductos de 203 km hasta el centro de Loma Plata, de donde se redistribuye hacia las localidades más alejadas que hoy sufren a causa de la sequía.

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Este fin de semana se tuvo conocimiento sobre un hecho de hurto en un comercio ubicado en el distrito de Santísima Trinidad, departamento de Itapúa.

El local comercial afectado se denomina “Amely Store”, el cual fue visitado por delincuentes cuando nadie se encontraba presente.

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Según menciona el portal Más Encarnación, los responsables de este robo sustrajeron una gran cantidad de productos que van desde cargadores para celulares hasta cuchillos artesanales y parlantes.

La propietaria del local, Mirian Susana Franco Centurión, mencionó que al llegar en horas de la mañana para iniciar su actividad comercial se percató que la puerta principal fue violentada.

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Al ingresar al negocio, descubrió que alguien había entrado allí entre la noche y madrugada para hurtar varias de las mercaderías que se encontraban en los escaparates.

La denuncia fue formalizada ante la comisaría de Trinidad, a fin de impulsar las investigaciones pertinentes.

En el transcurso de la tarde se reportó una amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque.

La alerta se registró en un avión de la empresa JetSmart que se encontraba a punto de partir de la terminal aeroportuaria con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

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Los reportes preliminares mencionan que un pasajero afirmó contar con un explosivo en su equipaje de mano, motivo por el que automáticamente se emitió la alerta y se activó el protocolo de seguridad.

A raíz de ello, se procedió a la evacuación de toda la tripulación -157 pasajeros y 6 tripulantes- que se encontraba en la aeronave, además de la extracción de todo el equipaje.

Posteriormente, se dio aviso a personal explosivista de la FOPE, que a estas horas ya se encuentra en el lugar para hacer la inspección de rigor, a fin de confirmar o descartar la veracidad de la amenaza.

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Mientras tanto, los pasajeros fueron llevados en un bus hasta una zona segura del aeropuerto, a la espera de los resultados que arroje la verificación que realicen los especialistas.

Los vuelos en el Silvio Pettirossi se encuentran suspendidos de forma temporal luego de confirmarse esta amenaza de bomba, mientras que la aeronave de JetSmart sigue varada en la pista de despegue.

Erick Urueta, veedor judicial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión, y que EEUU tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, corresponderá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que EEUU pida extradición de estas personas es porque se cometió una conducta delictiva en EEUU, a pesar de que el crimen fue en Colombia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree EEUU”, manifestó Urueta en comunicación con la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolución de las investigaciones, en Colombia existe la convicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci.

“No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solicitando una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a EEUU si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA, podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al magnicidio.

“Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna persona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en EEUU. Tiene que demostrarse muchos elementos probatorios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.

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