En charla con la 780 AM detalló que inicialmente recibió la denuncia de Rolando Félix Chilavert, otro hijo del técnico, y que este mencionaba que sus familiares estaban siendo retenidos contra su voluntad y que habrían perdido el pasaporte.

Sostuvo que mientras Rolando prestaba declaración con su asistente recibió la llamada telefónica de Fernando Martínez Vela, directivo del Inter Odessa, quien amenazó con cortar la cabeza a sus seres queridos por la denuncia que había realizado anteriormente ante la Cancillería. Según reconoció el propio empresario, se había enojado con la familia Chilavert porque unos policías lo molestaron en plena Navidad (celebrada allá en enero) para saber de la situación de los connacionales.

Acevedo comentó que al día siguiente de esta llamada, Rolando decide ir de vuelta ante su unidad y retirar su denuncia porque se sentía amenazado y coaccionado. “Ahí volvimos a escuchar (la amenaza)”, acotó y señaló que el español exigía que le envíe pruebas de que había desistido de su acción ante los organismos de seguridad.

La agente fiscal aseguró que intentó conversar telefónicamente con este extranjero pero que él se negó a hablar con ella.

Respecto a los videos divulgados, sostuvo que el equipo técnico realizará el análisis correspondiente para saber si fueron o no editados. En algunos materiales se observa a los paraguayos aparentemente bajo los efectos de las drogas y en otros asegurando que estaban bien en Ucrania y que no habían sido secuestrados.

“Sé que mucha gente duda y muchos medios no entienden lo que pasó. No estoy obligada a dar datos de mi investigación. No quiero que la gente piense que el Estado paraguayo activó muchas cosas para nada, hace muchos años que estoy en la Fiscalía y siempre actué como debe ser”, manifestó sobre la confusión que genera este caso.

En cuanto a la denuncia del empresario español, la fiscal dijo que no puede acreditar la versión de una persona que se manifiesta por teléfono, porque está obligada a la persecución penal de un hecho de acción penal pública como es el que afectó a los compatriotas.

De momento, Acevedo está trabajando con su colega Manuel Doldán, fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, a fin de analizar cuál es la estrategia que conviene a la investigación.

El dirigente Fernando Martínez Vela asegura que los compatriotas cometieron varios delitos (intento de abuso, destrozos, robo, entre otros) durante su estadía en Ucrania y que inventaron el secuestro para poder regresar a Paraguay.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.