La doctora Belén Ramírez, médica paraguaya miembro de la Organización Médicos sin Fronteras, en entrevista con HOY habló sobre la importancia de instalar la idea de las burbujas sociales, sobre todo como forma de prevenir masivos contagios del COVID-19.

Al respecto, señaló que poner en práctica una burbuja depende mucho del tipo de familia que uno tenga y del tipo de relacionamiento que exista entre sus miembros, sobre todo por el hecho de que en ocasiones no todos viven en la misma vivienda.

Una familia puede juntarse con los hermanos y hacer esa burbuja social para los niños por ejemplo, refirió, esto en vista a que son los más pequeños los que generalmente buscan interactuar con sus pares y no quedar encerrados.

Así también, las personas mayores son las que usualmente quieren estar compartiendo con los nietos y la familia, entonces los hijos son los que deben tomar esa responsabilidad para evitar que contraigan el virus, apuntó.

La profesional sostuvo que el hecho de implementar este modelo de interacción entre personas es como hacer un “contrato social”, lo cual define como un acuerdo mutuo entre los integrantes de estas burbujas para asegurarse que no habrá contactos con terceras personas que sean ajenas al núcleo cercano.

“Muchos hacen distintas burbujas con otros grupos con los que se involucran y eso no es lo correcto”, señaló, poniendo como ejemplo el hecho de compartir con compañeros de trabajo, de clases de danza y aparte con excompañeros de colegio, quienes a su vez tienen contactos con otras personas que eventualmente podrían contagiarse del virus.

Ramírez reitera que “tu burbuja es la gente con la que compartís la casa”, por ello hace énfasis en que, en lo posible, se debe evitar que existan contactos con individuos ajenos al entorno cercano para evitar esta exposición.

A su criterio, en este momento en el que se encuentra Paraguay, con un desborde en la cantidad de casos y hospitalizaciones, es cuando hay que intensificar lo de las burbujas sociales, las cuales deben ser lo más impermeables posibles.

Ramírez aseguró que impulsar este tipo de medidas disminuye el riesgo y la velocidad de la pandemia, más aún considerando que ahora la circulación comunitaria del coronavirus es muy alta. “Si disminuís tus contactos, disminuís la capacidad que el virus tiene de replicarse”.

Finalmente, instó a la gente a que cuide a sus afectos, y si uno no perdió a nadie en un año de pandemia que tome la Semana Santa como un momento de reflexión y agradecimiento. “Estamos en el peor momento a nivel Paraguay, pero puede ponerse peor si no desaceleramos la epidemia”, finalizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.