El fiscal Andrés Arriola manifestó a Radio Monumental que hace unos días iniciaron las diligencias para investigar la quema de pastizales en dos estancias de la zona de Bahía Negra.

Según se presume, estas actividades habrían derivado en la aparición de nuevos focos de incendio, los cuales debido al calor y las fuertes ráfagas de viento fueron diseminándose hasta salirse de control y abarcar un terreno mucho más amplio.

Los establecimientos que actualmente están siendo investigados son San Miguel y São João. De acuerdo al agente fiscal, en ambos lugares se encontró en flagrancia a los trabajadores mientras procedían a realizar la quema de pasturas, por ello decidió hacerles una advertencia formal.

Los representantes de las dos estancias no contaban con el permiso municipal correspondiente, lo cual indica que llevaron a cabo esta tarea al margen de la ley.

De acuerdo a datos del Instituto Forestal Nacional (Infona), en total serían 15 los establecimientos ganaderos en donde se originaron los focos de incendio y que también podrían tener responsabilidad en hechos similares, indicó.

De momento, la investigación está enfocada en determinar si es que las llamas se iniciaron de forma accidental o si fueron provocadas intencionalmente, tarea que queda a cargo de los técnicos de la Fiscalía y los bomberos voluntarios. En caso de que se confirme lo segundo, se buscará identificar a los responsables directos.

“Todos los años se realiza camufladamente (la quema de pasturas) porque es más barato para ellos quemar el campo que limpiar con maquinarias, pero este año se vino una seca muy grande y también el viento fuerte que empezó el fuego hacia Bolivia. Si bien existieron algunas quemas accidentales, tenemos indicios de que en otros establecimientos aprovecharon de eso para iniciar el fuego”, refirió.

Aquellas personas que sean responsables de provocar incendios de bosques se exponen a una pena privativa de libertad de hasta 5 años, mientras que quienes sean descubiertos directamente talando árboles sin autorización están expuestos a una pena de entre 3 a 8 años de cárcel, mencionó Arriola.

LEY ESTABLECE QUEMAS CONTROLADAS

De acuerdo a la Ley N° 4014/10 “De prevención y control de incendios”, la única forma de quema autorizada es la “quema prescripta”, consistente en la técnica de encendido efectuada bajo condiciones tales que permiten suponer que el fuego se mantendrá dentro de un área determinada.

Los municipios locales tienen la potestad de otorgar las autorizaciones para este tipo de actividades, siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos relacionados a la velocidad del viento, la temperatura del aire y el nivel de humedad, así como el periodo del año establecido para quemas, las horas de inicio y la cantidad de personas mínimas provistas de elementos para iniciar la ignición, entre otros.

La ley prevé multas que van de 100 a 2.000 jornales mínimos para quienes incumplan con esta disposición, con posibilidad de que el caso llegue a instancias del Ministerio Público si se llegara a determinar que se trata de un delito ambiental.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.