“Las responsabilidades individuales están plenamente corroboradas, las filmaciones, fotografías, las testificales apuntan directamente a sin lugar a dudas que esto fue parte de un plan organizado y preparado por sectores políticos, con una firme intención de aprovechar un malestar temporal ciudadano (enmienda) y generar un conflicto, caos y destrucción. El expediente judicial y la carpeta fiscal son irrebatibles, impresionante la cantidad de elementos que tenemos, desde declaraciones de los propios imputados quienes reconocen el hecho y dicen quiénes fueron los que financiaron y pagaron, al mismo tiempo también tenemos los cruces de llamadas que nos dan un esquema de trabajo, que empezó entre las 15.30 y las 16.00 del día 31 de marzo y siguió hasta las 22.00 y un poco más inclusive”, expresó el abogado a radio UNO.

Sostuvo que con todo lo que salió a la luz se puede determinar que algunos políticos avivados “ya un equipo de respuesta en caso de que ocurra un malestar ciudadano”. “Aprovecharon al máximo y convirtieron un día de vandalismo de causar caos y destrozos. Más que un día y hora específico, lo que estaban teniendo es un momento especifico, aprovecharon un momento de indignación ciudadana y convirtieron el día en luto para el país”, declaró.

Sosa Bareiro es uno de los abogados que representa a senadores oficialistas, que se adhirieron a la causa abierta tras la quema del Parlamento. El profesional aclaró que el trabajo del equipo jurídico es técnico y no político. Igualmente pidió dejar el fanatismo de lado y entender que lo ocurrido el 31 de marzo fue grave.

“Si ponemos énfasis en algunas cosas es porque defendemos nuestro trabajo, a la ciudadania le cuento que la carpeta y el expediente no dejan dudas, existen declaraciones de policías en servicio relatan detalladamente desde tempranas horas la campaña de crear zozobra de politicos, especialmente del PLRA, de forma organizada, también existen ciudadanos que participaron y vieron. O sea, acá hay un trabajo técnico, acá tenemos que dejar de lado los fanatismos y dejar de politizar cuestiones jurídicas. La gente que lo hizo (instigadores) tiene que hacerse responsable y dejar de escudarse detrás de personas que están pasando procesos desagradables porque recibieron ordenes de políticos. A mí realmente me indigna que al revisar la carpeta encuentro que al final los políticos que tiraron la piedra, ahora esconden la mano”, declaró.

Para finalizar manifestó que el cruce de llamadas, que requirió la Fiscalía de los implicados en la quema, será determinante pues “hay personas que normalmente no deberían tener comunicación, como un barra y un líder político horas antes de la situación”. Ese trabajo continúa en manos de los peritos del Ministerio Público.

JUICIO A PATRÓN

Ayer el fiscal Eugenio Ocampos presentó la acusación contra Stiben Patrón y un menor de 17 años y pidió que la causa sea elevada a juicio oral y público. Patrón y el adolescente están imputados por la supuesta fabricación de bombas molotov en el local del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que luego fueron utilizadas en el incendio del Poder Legislativo.

Otros cuatro imputados, que están refugiados en Uruguay, no pudieron ser incluidos en el requerimiento pues el proceso en contra de los mismos está suspendido. Ellos son Brian Esteban Martínez Jara, Luis Osvaldo Sánchez González, Osvaldo Daniel Aquino Notario y Rubén Moisés Galeano. Los mismos fueron declarados en rebeldía con pedido de captura internacional.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.