Óscar Germán Latorre visitó esta mañana los estudios de la 970 AM y habló sobre el caso de la quema del Congreso, que aún sigue su curso en el ámbito penal.

En tal sentido, indicó que cuando un proceso penal pretende ser llevado no a través de los mecanismos legales establecidos, sino que directamente se traslada a los medios de comunicación, definitivamente “se desnaturaliza”.

A su criterio, la Fiscalía está “aplazada” en el caso de la quema del Congreso, considerando que los actos vandálicos cometidos en aquel entonces configuran como una “coacción a órganos constitucionales”, teniendo una expectativa de pena de hasta 10 años de cárcel.

Latorre cuestionó el hecho de que hasta ahora no solamente no se imputó a los principales responsables de aquel incidente, sino que también los instigadores de la quema siguen en libertad “dictando cátedras de ética y moral y dándose el lujo de tratar de distorsionar la verdad de lo ocurrido con la actitud cómplice de jueces y fiscales”.

“Hoy en día, ¿quién se acuerda de la quema del Congreso?, todo el debate se centra en lo ocurrido en el local del PLRA. Los periodistas hablan de que hubo un allanamiento sin orden judicial, dicen que hubo un atraco, pero el único atraco fue el del Congreso porque el ingreso al local del PLRA fue en estado de flagrancia. Había situaciones y presupuestos que autorizaban plenamente a la Policía a ingresar al local”, manifestó el exfiscal general.

El actual defensor del Crio. Tomás Paredes Palma sostuvo que el tema de la quema del Congreso y la muerte de Rodrigo Quintana “son simplemente demostraciones palpables de cómo se maneja la justicia y cómo algunos medios controlan la marcha de esos procesos”.

Asimismo, sostuvo que el cruzamiento de registros de llamadas de aquel 31 de marzo no va a probar absolutamente nada, tal y como sostienen dirigentes de la oposición al mencionar un supuesto plan de varias autoridades del gobierno para ingresar al PLRA. Sobre este punto, dijo que es lógico que el presidente Horacio Cartes se haya comunicado con otras autoridades del área de seguridad teniendo en cuenta los incidentes que se estaban registrando en ese momento.

Latorre confirmó que posee información de que la Fiscalía pretende “lavarse la cara” imputando a personas que nada tienen que ver con el caso de la quema del Congreso, sin tener evidencia alguna y “solo para vender una imagen que tienda a tapar la decadencia que existe allí”.

“Es una institución donde el principio de la legalidad no existe, donde la seguridad jurídica desapareció por completo y donde el más criminal puede salir el libertad. El que no tiene vela en el entierro, ya sea porque el delito no existió o porque no es responsable del mismo, corre el riesgo de terminar preso. Esa es nuestra Fiscalía”, puntualizó.

Finalmente, pidió que el Ministerio Público impute a quienes deba imputar por los “hechos que hasta ahora pasaron desapercibidos”, mencionando a quienes cometieron actos vandálicos durante la quema del Congreso o actuaron como instigadores.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.