Es crítica la situación en Yacyretá por diversas razones, siendo una de ellas el funcionamiento irregular del Consejo de Administración desde octubre del 2019, atendiendo a que Argentina sigue sin nombrar a sus Consejeros y eso hace que se pierda la institucionalidad y el control en la binacional.

El Consejo de Administración es el responsable de asegurar que la EBY mantenga una situación económica financiera y técnica adecuada y segura, ejerciendo el control pleno y efectivo sobre los altos directivos, procedimientos y resoluciones a través de controles cruzados.

Sin embargo, en esta situación de acefalía, los Directores de la EBY continuaron con sus funciones y Nicanor Duarte Frutos conformó el Comité Ejecutivo Resoluciones Ad Referéndum del Consejo de Administración, permitiendo así la desprolijidad y discrecionalidad de las actuaciones, tales como contrataciones y resoluciones administrativas carentes de formalidad.

Además de no conformarse el Consejo de Administración, la EBY se cierra por completo al control. La acción de inconstitucionalidad presentada por la entidad bloquea la posibilidad de que la Contraloría General de la República pueda auditar la administración de la margen paraguaya.

En febrero pasado, Nicanor Duarte Frutos fue beneficiado con una medida cautelar emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se suspenden los artículos que habilitan a la Contraloría a auditar todos los gastos de la hidroeléctrica.

La auditoría que pretende hacer la Contraloría en la EBY incluye los fondos sociales de la binacional, cuyos gastos han sido resguardados a capa y espada por Nicanor con la intención de evitar transparentarlos. Además con esta auditoría se podría constatar y poner fin a las irregulares transferencias de energía de Argentina al Brasil sin el aval de Paraguay.

El Ing. Leopoldo Melo, ex jefe técnico de la EBY, confirmó al equipo de La Caja Negra (Unicanal) que Paraguay pierde mucho dinero con esta situación, porque los argentinos están facturando a espaldas de los paraguayos. Durante la administración de Melo, se realizó un estudio mediante el cual se constató que existió una Resolución del propio Comité Ejecutivo N° 2968/96 de la EBY que autorizaba el estudio de la posibilidad de intercambio energético de Yacyretá con el Brasil, habilitando a Argentina a realizar el intercambio. Además se corroboró que tras esos estudios eléctricos, se realizaron los ajustes técnicos necesarios en la propia Central Generadora Yacyretá.

Así también se descubrió que la línea Rincón de Santa María (Argentina)-Garabí (Brasil) fue realizada con base en estudios eléctricos para el intercambio de la energía de Yacyretá al sistema brasileño. Esta facturación de potencia que hacen los argentinos y que serían de millones de dólares, no estaría ingresando a los estados contables de la EBY, según reconoció Melo.

De esta irregular situación fue informado el Director de la EBY para que eleve al Consejo de Administración y luego al Gobierno adopte las medidas correspondientes, sin embargo, no se avanzó en nada.

Por otro lado, tampoco la Argentina resuelve la situación del acta de acuerdo Cartes-Macri que está congelada en Buenos Aires desde el año 2017, y el actual gobierno argentino no sabe ni responde cuándo va a aprobar o rechazar la Nota Reversal que afecta el ANEXO C de la EBY.

Consultado al respecto, el senador colorado Enrique Riera lamentó en el programa La Caja Negra (Unicanal) que esta situación se da en medio de tantas falencias y necesidades.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.