De aquí a 10 años el país pasará de los 15.000 reos actuales a 25.000, lo que haría colapsar de nuevo las 18 cárceles exis­tentes en toda la República, que en realidad suman 27 si agregamos las instituciones de reinserción de personas condenadas. La situación es el resultado de la falta de políticas de criminalidad del Estado, que alienta la repre­sión, pero no la prevención ni un plan de reinserción social, una vez purgadas las penas.

La cantidad de presos en el Paraguay crece en un pro­medio del 6% anual, que en números representa alrede­dor de 900 personas por año, en tanto que las instalacio­nes carcelarias se encuen­tran hacinadas, albergando a cerca de 6.000 internos por encima de su capacidad real, según datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, una institución estatal con autarquía funcio­nal. Fueron infructuosos los intentos por obtener infor­mación oficial del Ministe­rio de Justicia y de otras ins­tituciones.

Pero la cuestión no termina ahí. Otros datos proveídos por la organización señalan que de 15.477 privados de su libertad, apenas el 26% (4.024) tiene condena firme entre los hombres. Vale decir, que el 74% (11.453) de los mismos están en prisión sin la mínima información sobre cuánto tiempo lleva­rán encerrados y la acusación exacta de por qué están ahí. En el caso de las mujeres, las cifras son similares, teniendo en cuenta que el 67% tampoco tiene condena.

La población penitenciaria experimentó un crecimiento constante a partir del 2010, año en que el país contaba con 6.430 presos, para llegar al cierre del 2019 a 15.477, con un aumento de más de 9.300 personas. La estadís­tica señala igualmente que en los últimos 5 años se incor­poraron 4.548 nuevos presi­diarios.

Si nos remontamos a 1995, encontramos que en ese año la cifra de individuos encar­celados llegaba a 2.974 per­sonas.

CAPACIDAD

Con respecto a la capacidad de las instalaciones, se tiene que la cárcel de Tacumbú cuenta con 3.429 internos, cuando que solamente debe albergar a 1.530; la cárcel de Emboscada tiene 1.472 presos y solo tiene capaci­dad para 408; la cárcel de Ciudad del Este cuenta con 1.188, siendo su límite 636; la cárcel de Pedro Juan Caba­llero tiene 1.030, cuando solo puede contar con 920 perso­nas. En las mismas condicio­nes se encuentran las insta­laciones de Encarnación, Coronel Oviedo, San Pedro, Misiones y otras.

Con relación a la densidad poblacional, el Ministerio de Justicia (MJ) sostiene que la sobrepoblación crítica llega al 79%, la sobrepoblación al 18% y sin sobrepoblación llega a casi el 3%.

Cabe mencionar que el Meca­nismo revela además que la tasa poblacional por cada 100.000 habitantes en el Paraguay al cierre del 2019, la cantidad de presos llega a 216 individuos, contra 99 del 2010.

HECHOS PUNIBLES

El informe se refiere también a los hechos punibles más frecuentes en el país, donde resalta el homicidio doloso (14,11%), el abuso sexual en niños (4,99%), la coacción sexual (3,42%) y lesión grave (1,64%), cuando se trata con­tra las personas.

Cuando son en contra de la propiedad privada, el estu­dio señala que en primer lugar está el robo agravado, con un índice del 22,57%. En segundo lugar se encuentra el hurto agravado (10,16%), ter­cero el hurto (2,91%) y cuarto el robo (2,89%).

Al aludir a los hechos puni­bles en contra de la con­vivencia de las personas resalta la violencia fami­liar, con un 8,54%, un fenó­meno que va en crecimiento constante debido a que los ciudadanos, principalmente las mujeres, están perdiendo el miedo y aprovechan más los mecanismos de denun­cia. La institución aborda en su análisis la ley de drogas, indicando que el nivel de vio­lación de esta legislación llega al 17,56%. Este tipo delito es otro de los que registra un aumento considerable en los últimos tiempos. Llama tam­bién la atención la aparición de datos estadísticos de per­sonas encerradas por hechos punibles contra el patrimo­nio del Estado.

Infructuosa búsqueda de información oficial

La Nación intentó por todos los medios obtener información oficial referente al actual sistema penitenciario en Paraguay, que hemos considerado necesario para el despliegue de la fecha. Desde el Ministerio de Justicia, que encabeza Cecilia Pérez, no fue posible acceder a datos actuales sobre las cárceles del país.

Contactamos con el director interino de Establecimientos Peniten­ciarios, el señor Teófilo Báez, quien mencionó que no podría facilitar información y que solo se realizaría mediante pedidos previos a tra­vés del acceso a la información pública (con formularios).

Báez, quien ocupa desde el pasado miércoles 22 la dirección luego de la destitución de Joaquín González, tras la “liberación” masiva de 75 reclusos de la cárcel de Pedro Juan Caballero, nos derivó a uno de los encargados de prensa de la institución, quien indicó que solo el director general de Establecimientos Penitenciarios, el viceministro de Política Criminal o la ministra de Justicia podían autorizar nuestro pedido.

Nuestro diario también escribió al número telefónico de la ministra Pérez con la finalidad de tener información de primera mano y que pueda ampliar sobre los proyectos a futuro ante la crisis penitencia­ria, pero tampoco obtuvimos respuesta.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.