El jefe de gabinete del Poder Ejecutivo, Hernán Huttemann, quien fue designado por Mario Abdo para el equipo de transición del Gobierno, presentó un informe de Contrataciones Públicas en el cual rechazaba el “carnaval” de licitaciones que realiza la administración saliente, al exponer cifras comparativas de gobiernos anteriores.

De acuerdo con los datos de Contrataciones Públicas, entre los meses de enero y mayo del año 2013, de la era Lugo-Franco hubo 2.177 procesos de contrataciones. En esos mismos meses del año 2018, del gobierno de Cartes se registraron 1.849 procesos. En tanto que en lo que va de este 2023, en la salida de Marito hay 1.181 compras públicas.

Huttemann defendió que la cantidad de licitaciones dentro de este período de transición no es anómala y no registra mayor cantidad en comparación a los anteriores.

A simple vista se puede notar que existe menor porción de procesos de compras públicas en la actual administración del Estado al cotejar los números. Pero al escudriñar más a fondo, se descubre que en realidad lo trascendental es que el gobierno de Abdo supera ampliamente a sus antecesores en cuanto a los montos globales.

Si bien esta administración tiene menor cantidad de contrataciones, el valor de estas se disparan a la suma total de G. 371.939.988.431. Mientras que su predecesor, Horacio Cartes, llegaba solo a G. 192.316.836.971 y Federico Franco a G. 267.025.914.679.

Además de estos importantes valores en términos monetarios, otro dato que llama poderosamente la atención es la cantidad de contrataciones que se da por vía de la excepción, que es mucho más alta en el gobierno actual que en los anteriores. Tal es así que de enero a mayo de 2013, el monto de estos contratos se situaba en G. 165.288.137.940; en 2018 fue de G. 58.264.553.592, y finalmente en este 2023 el monto llega a los G. 267.857.476.402.

De acuerdo con la norma vigente, esta herramienta constituye una excepción a la licitación y debe entenderse como una adjudicación directa. El Art. 33 de la Ley 2051/03 establece que “las convocantes, bajo su responsabilidad, podrán llevar a cabo los procedimientos de contratación, sin sujetarse a los de licitación pública o a los de licitación por concurso de ofertas”. La justificación para hacer las compras por esta vía se sustenta en la urgencia justificada en casos de desastres naturales, de emergencias, las compras para la seguridad de la república, entre otros.

Es por ello que resulta llamativo el procedimiento escogido por esta administración para llevar adelante la mayoría de las compras públicas, siendo que la vía de la excepción debe ser efectivamente una condición singular, no así la regla común.

La pauta de la actual administración de ejecutar contrataciones vía excepción a mansalva y los montos que se destinan de las arcas del Estado desmiente por completo la versión oficial de que existe la misma cantidad de licitaciones en las tres transiciones de Gobierno. Con las adjudicaciones por vía de excepción, el equipo de Abdo está realizando vito con el dinero público y coloca en una situación complicada al equipo de Santiago Peña, el cual podría encontrarse con el fenómeno de la “caja vacía” cuando asuma la conducción del país.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.