El secretario ejecutivo del Comité de la EBY, Raúl Silva, cuenta con la potestad de decisión sobre las licitaciones, cuyos llama­dos realiza la Comisión Nacio­nal de Juegos de Azar (Conaj­zar), teniendo en cuenta que es miembro de la citada comisión en representación del Minis­terio del Interior.

Es sabido que Silva forma parte del primer anillo del presidente la República y al parecer muy meritorio por la cantidad de “roles” que se adjudicó al insta­larse el actual Gobierno.

Su primer espacio comienza con su incorporación en Yacyretá con una retribución mensual de G. 52 millones. Sin embargo, supo expandir sus influencias hasta el punto de ser el promotor de las falli­das compras de Salud a firmas del clan Ferreira.

No es funcionario de Salud, pero se encargó de presentar a los proveedores de insu­mos para el combate al covid- 19, actuó hasta de gestor del avión carguero.

Tampoco es parte del Minis­terio del Interior, pero fue designado representante de esta cartera en la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) vía Decreto N° 681 del 20 de noviembre del 2018. Una situación muy particular, recuerda un ex presidente del ente, ya que habitualmente suele ser un funcionario de la institución el designado como miembro del consejo.

Javier Balbuena recordó que en la época en que presidió la Cona­jzar el designado por el Minis­terio del Interior era el entonces viceministro de Asuntos Políti­cos, Jorge Capello.

La Conajzar está conformada por integrantes de cinco enti­dades, los cuales son del Minis­terio de Hacienda, y el presidente de la comisión es José Antonio Ortiz; de parte del Ministerio del Interior, Raúl Mariano Silva; el represen­tante de las municipalidades es Ricardo Núñez Giménez; el representante de las goberna­ciones es Rubén Antonio Rous­sillón, y de parte de la Diben es la Sra. Carmen Corina Alonso.

Todos los miembros están vinculados a las institucio­nes que representan, menos el multifacético Silva. Ortiz es un director de Hacienda, Roussillón es gobernador, Alonso es directora de Diben, Núñez es representante de la Opaci pero con permiso, mien­tras que Silva representa a Interior pero es de Yacyretá.

RECAUDACIÓN

La Conajzar tiene registrada más de una veintena de empre­sas concesionarias en todo el territorio paraguayo. Según se observa en el portal del Ministerio de Hacienda, ins­titución madre de la comi­sión de juegos de azar, el pro­medio de canon que percibió el Estado de manera men­sual fue de US$ 1,8 millones durante el 2019 y poco más de US$ 20 millones al año.

Según explicó el ex presidente de la comisión, por mandato de la Ley 1016/1997 la Conaj­zar tiene a su cargo la elabora­ción y aprobación de los plie­gos de bases y condiciones, para los juegos de carácter nacional, el llamado a licita­ción pública para la conce­sión de los juegos, la adjudi­cación de los juegos licitados. Las atribuciones dentro de la comisión confirman los superpoderes otorgados al alto funcionario de Yacyretá y lobbista en la adjudicación al clan Ferreira.

“No hay nada raro en este tema”

El ex ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, defendió la designación de Raúl Silva como represen­tante ante la Conajzar.

El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la Repú­blica justificó la función de Silva dentro de la Conajzar y explicó que lo

único que está prohibido es que el funciona­rio tenga doble remuneración.

Cabe recordar que la elec­ción de Silva para represen­tar al ente fue precisamente cuando Villamayor era ministro del Interior.

“No hay nada raro en este tema, Silva es un funcionario público y como tal fue desig­nado, vía decreto, a cum­plir esa función. Cualquier funcionario público de otra repartición puede represen­tar al Ministerio del Inte­rior”, dijo el alto funcionario del Gobierno.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.