Uno de los hechos más contundentes que comprometen al presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, con la tesis de que la quema del Congreso el 31 de marzo pasado fue premeditado y armado por los líderes políticos de la oposición, es el cruce de llamadas entre el titular liberal y la persona sindicada como la responsable de la contratación de barrabravas en la cancha de Resistencia del barrio Ricardo Brugada.

Raúl “Beto” Cáceres, a quien Alegre acompañó para que el mismo se fugue al Uruguay junto a otros imputados en busca de refugio para no afrontar a la Justicia, fue plenamente identificado por una de las personas contratadas por él, Silvino “Amuleto” Romero, el que aparece en las fotografías robando un plasma del Congreso.

En su declaración, Romero relata cuanto sigue: “A las 17:00 aproximadamente me encontraba jugando partido en la canchita del club Resistencia en compañía de algunos amigos, de nombre José, Arnaldo y otro de apodo ‘Gordito’, cuyos apellidos no conocía, cuando en un momento dado llegaron junto a ellos dos camionetas con carrocerías, modelos nuevo, una de color negro y la otra de color granate, de las cuales bajaron dos personas de sexo masculino, una de estatura alta, de contextura física robusta, de cutis morocho, vestido de traje de color negro y otra a quien conoce con el sobrenombre de ‘Caballito’, de estatura baja, contextura física robusta, de cutis morocho, con un tatuaje del club Cerro Porteño en el brazo lado izquierdo, este último sería jefe de la barra Comando Chacarita del club Cerro Porteño y estaría residiendo en el barrio San Felipe. El mismo les llamó con las manos y les preguntó si querían ganar dinero, cien mil por persona para ir a hacer una manifestación en la Plaza de Armas. Con ‘Caballito’ también llegó un grupo de 20 a 30 personas, de entre las cuales algunas eran de la barra de Cerro y otras eran desconocidas, agregando que entonces aceptaban el dinero, momento en que el señor de traje sacó la plata que tenía en una riñonera y se la entregó a ‘Caballito’, quien empezó a repartir. Después de esto desde la camioneta negra empezaron a darles bombas 12×1, encontrándose en la misma un tal Raúl Cáceres, joven de sexo masculino, de cutis blanca, quien según el entrevistado era el que organizaba todo. Por último, explicó que luego de esto arribaron por la calle Paraguarí hasta salir a Paraguayo Independiente para continuar por dicha calle hasta llegar a la Plaza de Armas, en donde nuevamente el supuesto Raúl Cáceres fue quien los organizaba diciéndoles, entre otras cosas, para que exploten bombas por la Policía, para luego ingresar al Congreso”.

A juzgar por el testigo, “Beto” Cáceres fue el principal organizador y es la misma persona que esa misma tarde mantuvo dos comunicaciones con el presidente del PLRA, Efraín Alegre.

Vuelven a solicitar extracto de llamadas

La defensa de los legisladores víctimas del incendio del Congreso Nacional nuevamente pidieron al Ministerio Público el extracto de llamadas de todos los sospechados de participar en la quema del Congreso Nacional. En un mes y medio los archivos de las empresas telefónicas podrán ser borrados.

Los abogados calificaron como inaudito al hecho de que la prensa pueda acceder fácilmente a los datos, en tanto que su pedido aún no prospera en la Fiscalía. Se mostraron alarmados por la lentitud del Ministerio Público, sobre todo porque dentro de mes y medio las empresas telefónicas podrán borrar los archivos.

Mediante diligencia judicial insistieron a la Fiscalía la entrega del registro de llamadas, y el análisis de las comunicaciones de los sospechados, a fin de ubicar los lugares en los que se encontraban durante dichas comunicaciones.

Esperan que el trabajo de la Fiscalía se agilice tras las publicaciones de prensa, en las que revelan un profuso cruce de llamadas entre la cúpula del Partido Liberal con Juan “Nito” Bogado Tatter, que aparece como el nexo entre la dirigencia y los militantes liberales sindicados de incendiar el Congreso y contratar a los barras bravas, como es el caso de Raúl “Beto” Cáceres, quien fue reconocido por Silvino Romero “Amuleto” (quien sacaba un televisor del Congreso), como uno de los que estaba abordo de las camionetas que los alquilaron y quien les entregó los fuegos artificiales para atacar a la Policía.

Finalmente, afirmaron que las publicaciones periodísticas sobre los cruces de llamadas son una prueba contundente que confirma la hipótesis que desde un principio vienen sosteniendo. La quema de la sede legislativa desde la oposición empezó a articularse en la tarde del 31 de marzo, pateando a policías y legisladores, escupiendo a los uniformados desarmados. Eso se fue masificando con la presencia de los barras bravas que culminaron con el incendio del Congreso Nacional.

(Por Jorge Torres Romero)

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.