“El sistema penitenciario no es opción para el fin de la pena (…) No está en condiciones de atender las necesidades y preparar a las personas para vivir en libertad en la situación actual”, sentenció Martínez durante una entrevista.

Martínez asumió con la promesa de “humanizar” las prisiones de Paraguay en septiembre de 2016, precisamente tras una crisis en el sistema carcelario del país suramericano que propició la salida de su antecesora, Carla Bacigalupo.

Entonces, Martínez encontró una superpoblación de más del doble de la capacidad del sistema, con espacio para 6.600 reos y más de 13.000 personas privadas de libertad.

“Es absurdo pensar que algo se podía hacer en esas penitenciarías. Obviamente el espacio físico era una falencia a todas luces visible y también lo es la calificación del personal penitenciario”, expresó Martínez.

Tras más de un año al frente del ministerio, los actuales datos de la cartera muestran un incremento en la capacidad para albergar presos, ahora de hasta 9.511 internos, pero sigue siendo insuficiente ante el constante aumento de los encarcelados, que suman hasta septiembre de este año 13.607.

“Hablar de preparar a personas privadas de libertad para su vida futura, en medio del hacinamiento que hasta hoy tenemos, es utópico. Nadie puede decir, y miente el que dice, que por ciertas atenciones o cuidados que se podían dar en el contexto que teníamos, una persona sale en libertad y está preparado para conseguir trabajo y alejarse del delito y los vicios”, alegó el ministro.

La prisión de Tacumbú en Asunción, la más grande del país, es el ejemplo más gráfico de estas ínfimas condiciones de privación de libertad en Paraguay, con una capacidad para 1.530 personas privadas de libertad y una población de 3.581 presos.

“Es el mal ejemplo. Tacumbú es consecuencia de fallas sistémicas y falta de atención de décadas enteras. Se veía venir y ha sido la situación aún más complicada con las modificaciones al sistema jurídico penal, que tiene que ver con la prisión preventiva, y a la falta de opciones y alternativas”, indicó Martínez.

Esa falta de alternativas a la prisión como medida preventiva en Paraguay fue destacada por el estatal Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) hace un año con datos que indicaban que un 77 % de los varones y un 58 % de las mujeres encarceladas en el país carecen de condena.

Para Martínez el abuso de la prisión preventiva es la consecuencia de varios factores internos y externos al sistema judicial y penitenciario, como la falta de capacidad para implementar la prisión domiciliaria o los localizadores electrónicos.

“Esa persona que va a su domicilio como medida sustitutiva no tiene ningún control, sale delinque, mata a una persona y ¿qué pasa? Todo el sistema jurídico, con la presión mediática, cae contra ese magistrado haya dado bien o mal la medida sustitutiva”, agregó el titular de Justicia.

Añadió que para él también “tiene una connotación social” y que se debería ejercer un trabajo de concienciación para “explicar un poco al ciudadano cuáles son los beneficios y perjuicios de ese sistema de encarcelamiento masivo”.

Martínez explicó que los retos pasan por mejorar la calidad de las cárceles con base en los estándares internacionales y mejorar la capacitación de los profesionales de los presidios para seguir trabajando en la premisa de “humanizar” las cárceles paraguayas y favorecer la posterior reinserción de los privados de libertad.

Las nuevas inversiones prevén darle la vuelta a la situación actual con una inversión de 70 millones de dólares para cuatro nuevas penitenciarías en la ciudad de Emboscada, donde ya hay dos prisiones, y otros 35 millones de dólares para dos cárceles más en Ciudad del Este, la segunda mayor urbe del país.

“Hoy hemos incorporado médicos, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras… No en la medida de lo deseado pero por lo menos para empezar a trabajar”, afirmó Martínez. EFE

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.