Pascua Dolorosa se denominó a la brutal represión que se originó en el descubrimiento de la Organización Política Militar, en abril de 1976, de acuerdo al Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia.

El 4 de abril de 1976 la policía stronista detuvo a los primeros dirigentes. Ante el descubrimiento de la OPM, el sistema de seguridad buscó en todos los sectores que hacían una contestación al régimen, vínculos con la organización. Dicha circunstancia le permitió a la policía estronista extender la represión a las Ligas Agrarias Cristianas en todos los departamentos del país en donde las mismas habían actuado.

A mediados de abril de 1976, el Comisario Camilo Almada Morel, más conocido como “Sapriza”, se instaló en la sede de la Delegación de Gobierno de Misiones, en el edificio conocido como Abraham Cué. Ese local sería el escenario de las más terribles torturas a las que fueron sometidos los dirigentes e integrantes de las Ligas Agrarias Cristianas. Con la ayuda de las fuerzas militares de la división de Infantería con sede en San Juan Bautista de las Misiones, fueron detenidos arbitrariamente, sometidos a todo tipo de vejámenes y a condiciones insalubres de detención.

El 17 de mayo de 1976, Camilo Almada reporta a su jefe Pastor Coronel, Jefe del Departamento de Investigaciones sobre sus actuaciones y en ella menciona que 84 campesinos fueron trasladados a Asunción y que se encuentran “6 Empaquetados” (ejecutados extrajudicialmente) que a saber son Elipto López, Policarpo López, Francisco López, Adolfo López, Práxida Benítez, Blasida Falcon.

La ola represiva, llegó hasta el Departamento de Paraguarí, al sitio de la localidad de Simbrón-Cue en el departamento de Paraguarí, los habitantes del lugar fueron sitiados por las tropas del Comando de Artillería, quienes cometieron abusos contra la población civil, en especial niños y mujeres, pues los varones fueron detenidos arbitrariamente sin mediar orden judicial alguna y remitidos algunos a la Delegación de Gobierno en Paraguari y otros al Departamento de Investigaciones en Asunción, en donde fueron torturados.

La Comisión de Verdad y Justicia ha identificado a más de 100 víctimas en este caso entre los cuáles se encuentran varios niños. Según el testimonio de Gil Ojeda, la detención de Juan Dios Salinas se dio bajo el mando del delegado de gobierno de Paraguari Dr. Braulio Machuca Vargas, quien al mando de soldados de la Delegación y del Comando de Artillería fueron por Juan de Dios Salinas.

Las violaciones de derechos humanos contra los miembros de las Ligas Agrarias fueron diversas y los testimonios son descriptivos en la brutalidad de las mismas. Los dirigentes que fueron detenidos y sometidos a torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes fueron remitidos luego al Penal de Emboscada. Algunos fueron procesados judicialmente, sin que se dictara sentencia en ningún caso. La mayoría fue recuperando su libertad a fines del año 1977 y comienzos de 1978, luego de realizar los detenidos innumerables huelgas de hambre exigiendo la libertad. El Penal de Emboscada se transformó en Campo de Concentración, donde varios niños vivieron con sus padres la detención arbitraria y los diarios y sistemáticos vejámenes.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.