En la mañana del jueves nuevamente se trabó la realización de la audiencia preliminar para Fernando Román y Orlando Benítez, exdirectivos de Mocipar imputados por estafa, producción de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, debido a que el acusado Román Fernández planteó una recusación con la expresión de causa, básicamente haciendo referencias a los antecedentes.

Román Fernández hizo referencia a cuestiones que inclusive ocurrieron en el año 2020, dos años atrás. Los hechos mencionados no son hechos nuevos, y ahora son expuestos, por lo que básicamente son cuestiones meramente dilatorias para que no se sustancie una vez más la audiencia.

Cabe recordar que la investigación fue impulsada por la denuncia realizada por Liza Ortiz, Mariana Baéz de Vera y Mirna Alfonso, presuntas víctimas. Según el acta de imputación, una gran cantidad de personas habrían ingresado a un sistema de captación de dinero que les fue ofrecido por parte de vendedores de la firma Mocipar.

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Para ello, se habrían utilizado contratos de adhesión como mecanismo de engaño, en los cuales presuntamente se omitieron las condiciones del sorteo y licitación para acceder a los productos ofrecidos, limitándose a la promesa de acceder a vehículos o casa propia, en cómodas cuotas.

Los vendedores de la firma en cuestión, se habrían aprovechado de la vulnerabilidad de la mayoría de las personas, que conforme a la denuncia ascienden a 149, quienes habrían abonado millonarias sumas de dinero, sin tener ningún retorno por parte de la firma Mocipar S.A.

Además, una vez que las víctimas se percataron de la situación, acudían ante la firma denunciada, y allí nuevamente habrían sido engañados, a fin de adherirse a otro plan de cuotas, aunque muchos ya no aceptaban tras el perjuicio patrimonial padecido.

Según los investigado por la Fiscalía, Fernando Román Fernández en connivencia con Benítez Barboza habrían inducido al error por medio de promociones engañosas, a varias personas, a fin de que los mismos le entreguen parte de su patrimonio económico, causándole así un perjuicio.

Asimismo, habrían dejado constancias falsas en las documentaciones y escrituras públicas con relevancia en las relaciones jurídicas, todo ello con el fin de obtener un beneficio patrimonial indebido.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.