En entrevista con Fuego Cruzado emitido por el Canal GEN, el gerente administrativo de la previsional, José Luis Urizar, abordó el tema que causó un “terremoto” entre aportantes activos y beneficiarios, jubilados y pensionados.

Primeramente, explicó que las rentas son las ganancias que se generan y que se encuentran en el sistema financiero. “Lo que se vino haciendo es utilizar una proporción de las rentas que generan estas reservas. Eso se viene haciendo desde el año 2020, donde la recaudación se vio afectada por la pandemia, llegando a niveles del 50 %. Se hizo uso de una herramienta jurídica que está prevista en la carta orgánica”, expresó.

El funcionario explicó que la previsional tiene suficiente solvencia para abordar sus compromisos, pero que la coyuntura del coronavirus determinó un desajuste temporal.

“Se está usando la plata de la jubilación pero para sus propios fines, se está usando en la manera en que está diseñado el sistema. La solvencia es bastante elevada, estamos hablando de US$ 2.400 millones, lo cual se fue incrementando, independientemente de los ingresos y egresos corrientes. Si hacemos un análisis de los recursos que se utilizaron de las rentas para hacer frente a esta situación temporal, estamos hablando de que utilizamos el 10 % de estos recursos (rentas) que se dieron en estos tres años. Eso, sumado a las reservas, tiene una incidencia menor al 0,5 % del total de reservas” acotó.

Subrayó que el volumen de recaudaciones se irá recuperando, de acuerdo al informe actuarial que evalúa la evolución de cuadros. Las proyecciones señalan que se normalizará a los niveles que se tenía en la prepandemia para el año 2024.

“Esa proyección del informe actuarial, de que en el 2038 se van a utilizar las reservas, es un escenario proyectado a base de datos que se tenían antes de la pandemia, por eso puede existir una diferencia, pero ese déficit va a ser temporal“, remarcó Urizar.

“En el análisis hay que hacer mención a ciertas etapas, como la disminución de la recaudación, que aún no se encuentra a niveles de la expectativa en todo el mercado laboral, también está el incremento del haber jubilatorio de acuerdo al IPC (índice de precios del consumidor) anual, pero los indicadores elevados se van a elevar”, añadió.

PRESIDENTE Y CONSEJO MUDOS

Urizar admitió que la polémica desatada en la semana por el uso de las reservas tiene explicación en el factor comunicacional. En este sentido, cabe indicar que ni el titular del IPS, Vicente Bataglia, así como ningún representante (trabajador y patronal) salieron a tomar posiciones al respecto del tema.

“Falta el elemento comunicación, hago la salvedad, pero los datos son documentos de uso público. El Consejo de IPS está formado por una administración tripartita, con trabajadores, empresarial y representantes del Estado, cada uno de esos grupos de interés está en conocimiento. Todos los procedimientos de transparencia han sido cumplidos”, dijo.

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CLASE POLITICA

El gerente administrativo del IPS indicó que la solución al problema de la institución pasa en gran parte ahora por una reforma del sistema previsional, que debe darse a través de una ley, esto es, vía Parlamento.

“El sistema de beneficio, el modelo de capitalización colectiva, tiene un período de vida y hay ciertas modificaciones que deben ser realizadas a través del tiempo. En el 2019 se remitió un proyecto de reforma al Congreso, poro no hubo acuerdo para llevarlo adelante”, detalló.

Temas como la cantidad de años para fijar el monto de jubilación a percibir (en la actualidad los salarios de los tres últimos años), una nueva definición del universo de aportantes, así como el sistema de gobernanza, son algunos de los puntos claves que constan entre los cambios necesarios.

“Tenemos que llevar a cabo las acciones necesarias, hay que tomar con la responsabilidad que se merece y debemos llevar adelante las acciones, decir que estamos en un escenario catastrófico, que estamos con saldo cero, no es la realidad”, insistió.

Durante la ejecución de las obras, los conductores que circulen desde Fernando de la Mora a Asunción deberán girar a la derecha en la calle Mateo Estigarribia, continuar hasta Cerro Corá, luego girar a la izquierda y seguir hasta Casilda Insaurralde, por donde podrán reincorporarse a la avenida Mariscal López.

En tanto, quienes transiten en sentido contrario, es decir, desde Asunción hacia Fernando de la Mora, podrán continuar utilizando la avenida Mariscal López, ya que este sentido permanecerá habilitado.

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Con el fin de garantizar un tránsito ordenado y seguro, agentes de la Patrulla Caminera estarán apostados en la zona para orientar a los automovilistas y velar por el cumplimiento del nuevo circuito vial establecido.

Cabe recordar que estas intervenciones forman parte del plan de renovación vial impulsado por el Ministerio de Obras, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana, optimizar la circulación vehicular y mitigar los problemas de acumulación de agua en días de lluvia. Los trabajos estarán a cargo de la empresa contratista Tecnoedil S.A. bajo la supervisión del MOPC

El fiscal Silvio Corbeta confirmó a Universo 970 AM que fue recusado por los abogados de Miguel Prieto, coincidentemente a días de la realización de la audiencia preliminar por el actual intendente de Ciudad del Este.

Asimismo, señaló que tanto él como los otros dos fiscales de la causa y todo el equipo de trabajo investigativo fueron recusados, bajo el argumento de ser los supuestos responsables de la viralización de una declaración difundida en los medios de comunicación

“Nosotros somos plenamente conscientes de nuestra responsabilidad como agentes fiscales y en ningún momento hemos viralizado ninguna declaración. No tenemos nada que ver con esa filtración”, señaló el fiscal.

Corbeta manifestó que a raíz de esta situación, no podrán participar en la audiencia preliminar. “Es una suerte de estrategia defensiva para tratar de evadir a la justicia”, subrayó.

La causa se enmarca en una investigación que revela un esquema presuntamente fraudulento sostenido por la empresa Mocipar, que habría afectado a múltiples personas mediante contratos de adhesión para la adquisición de inmuebles que nunca se concretaron.

La investigación parte de la denuncia de una mujer que, entre 2011 y 2018, suscribió tres contratos consecutivos con MOCIPAR, abonando un total de G. 13.460.000 bajo la promesa de acceder a una vivienda o bienes sorteados. A pesar de cumplir con las cuotas estipuladas, nunca fue adjudicada con propiedad alguna, y fue inducida a firmar nuevos contratos con la promesa de no perder lo ya abonado.

El Ministerio Público concluyó que los contratos no establecían el precio real de los inmuebles y que el modelo de adjudicación era imposible de cumplir dada la magnitud de los adherentes versus la capacidad real de entrega.

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Además, según los elementos recolectados, la firma habría captado a sus víctimas, a través de un programa de televisión emitido por canales de aire, donde se sorteaban semanalmente bienes como electrodomésticos, muebles y vehículos. No obstante, en 22 años de funcionamiento, apenas se documentaron 16 adjudicaciones efectivas, mientras que miles de personas abonaban cuotas sin obtener retribución alguna. Las empresas involucradas tampoco contaban con autorización de la CONAJZAR para realizar sorteos, lo que agrava la situación legal de los acusados.

La acusación sostiene que los directivos acusados utilizaron esta estructura para captar fondos de personas de ingresos bajos y medios, y que tanto Durand como Román Fernández se beneficiaron personalmente con movimientos financieros positivos, mientras las empresas registraban reiteradas pérdidas.

El Ministerio Público considera que los hechos reúnen los elementos del tipo penal de estafa y que corresponde la apertura del juicio oral para el juzgamiento de los acusados.