El Dr. Vicente Acuña, director del Hospital Materno Infantil San Pablo, confirmó a nuestro medio que el centro asistencial registra 15 a 18 nacimientos por día, llegando incluso a 25 partos, desarrollándose ‘una actividad movida’ dentro del hospital en especial los lunes, viernes y sábado, mientras que los domingos son días más tranquilos.

“Llegamos a esas cifras por el aumento de pacientes que consultan, ya que somos un hospital de referencia. El incremento progresivo se dio ya en noviembre del año pasado, desde que nos mudamos al hospital nuevo. Calculamos en un principio que nuestra producción aumentaría un 30% en los primeros años, pero ya sobrepasamos ese porcentaje, pasamos de 3.300 partos anuales a 4.400, es decir, que en un solo año tuvimos un aumento importante en el número de nacimientos”, expresó.

El doctor Acuña explicó que hay días donde las salas de cirugías amanecen con pacientes que fueron sometidas a una cesárea durante la madrugada y que no pueden ser derivadas a otros sitos del hospital debido a que no cuentan con camas disponibles para el post operatorio. Señaló que incluso se llega a 75 pacientes en un solo día sin posibilidad de trasladarlas a otras salas.

Por otra parte, indicó que el centro hospitalario atiende a mujeres embarazadas o con riesgo en el embarazo con Covid-19 que deban ser internadas en terapia intensiva y cuentan con dos salas destinadas para el efecto, además de internar a mujeres que hayan dado a luz y presenten sospechas de la enfermedad.

“El hospital cuenta con 48 camas de internación, de las cuales 12 son destinadas a pacientes oncológicas y ginecológicas, 32 a pacientes obstétricas (parto natural o cesárea). Normalmente usamos las camas de las pacientes ginecológicas para las que dan a luz por el aumento de nacimientos que tenemos”, precisó.

A su criterio, el incremento de partos se debe a tres factores que se deben identificar con relación al hospital y la tasa de natalidad a nivel país dentro de los próximos meses.

Según explicó, el aumento dentro del hospital a su cargo se debe a que varios servicios se cerraron para convertirlos en pabellones respiratorios, el segundo sería la disminución del servicio de planificación familiar que afectó a la distribución de anticonceptivos y por último el confinamiento por la pandemia.

“En algunos países disminuyó la tasa de natalidad pero en el nuestro aumentó por las cuestiones sociales relacionadas a nuestra sociedad”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.