“Los verdaderos responsables de la desaparición gozan de buena salud. Son grupos de alemanes mafiosos y paraguayos que operan en Cordillera. La Policía tiene los datos”.

Así manifestó Max Narváez a Radio Universo, consultado acerca de los avances del proceso en el que el alemán Reiner Oberuber está procesado por la extraña desaparición de su hijastra.

Narváez dijo que se está operando de manera a que “mi cliente no debe ser una persona creíble” y que si llega a contar detalles del grupo que tiene a la niña, según el abogado, este accionará en su contra.

“No lo van a matar de golpe, pero tienen que asegurarse de que todo lo que diga Reiner carezca de veracidad”, insistió, además de acusar a la Policía de no actuar conforme a la ley.

Dijo que “no responden a un criterio de justicia, sino a desacreditar a Oberuber” y extendió la responsabilidad al Ministerio Público, que a su entender no actúa objetivamente.

“La Fiscalía crea un motivo contra mi cliente dando a conocer detalles de la niña que están prohibidos por la ley”, aseguró y añadió que “en el acta de imputación hablan de una sola foto, cuando en principio referían que había como unas ochenta mil”.

“Ahí se da a pensar que hay manipulación del caso. Tampoco nos muestran la foto”, dijo y mencionó que cuando solicitaron la prueba incriminatoria, “la respuesta fue un enorme silencio”.

“Nosotros tenemos la película clara. Aquí el señor Reiner Oberuber y la señora Lilian Zapata están denunciados por violación al deber de cuidado y abandono”, insistió Max Narváez.

El representante del europeo refirió además que “no hay proceso por desaparición porque eso no es delito. Puede ser un motivo de investigación pero no es delito”.

“Hay manos extrañas e injerencias no apropiadas en el proceso. Gente que no es parte del caso se involucra y eso es delito, pero ahí no termina”, afirmó.

Dijo que “el 29 de julio, el presidente Mario Abdo, en un acto populista se agarra de la niña, convoca a los fiscales en una comisaría de Emboscada y les da instrucciones”. “Y por ley, el Poder Ejecutivo no tiene autoridad sobre la Fiscalía”, aseveró.

Max Narváez confirmó también que Reiner fue trasladado a la penitenciaría regional de Misiones, lo cual también supone una violación a los derechos de su representado.

“Es violatorio de la ley y los derechos de la defensa. Su caso está en Caacupé y el abogado en Asunción. Ahora debo hacer cerca de 270 km para hablar con él”, se quejó.

Dijo que esa decisión “es violar totalmente el derecho a la defensa y la ley establece que ningún imputado puede ser derivado fuera del ámbito del juez competente que es de Cordillera”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.