En charla con la 650 AM, Cáceres manifestó su impotencia por el acta bilateral firmado con Brasil, porque no se brinda ningún beneficio para el Paraguay, sino que establece el encarecimiento de la energía que compra de la Itaipú Binacional.

“Voy a acompañar la misma posición de Pedro Ferreira. Le agradezco por ser patriota. Él apoyó al equipo técnico de la ANDE que apostaba por seguir teniendo buenas tarifas. Me siento totalmente responsable y no tengo otro camino que poner a disposición mi cargo y retirarme. Duele y molesta esto porque defendimos hasta que se desvió esto. Estamos muy decepcionados”, indicó.

Itaipú vende dos tipos de energía: una más cara por contrato y otra más barata por ser el excedente, según detalló Cáceres. “Nosotros priorizamos la más barata, porque contratábamos poco y traíamos el máximo excedente, con eso se lograba tener un precio interesante en la compra de energía”, dijo.

De esta manera, Paraguay pagaba 26 dólares por megavatio/hora, mientas que a Brasil le costaba 38 dólares. Esto era un pequeño beneficio que Paraguay tenía frente al enorme beneficio que siempre tuvo Brasil, según remarcó el técnico. “Era una migaja que conseguíamos para sostener los costos de tarifa de la ANDE. Ahora vamos a tener que pagar más”, criticó y añadió que las nuevas autoridades deberán ver la forma de amortizar los 250 millones de dólares que pagará demás la ANDE por la energía de Itaipú.

Manifestó que preocupa que se avanzó mucho en la negociación con miras al Anexo C, que será revisado en el 2023, siendo que se podía esperar para ello. “Podía haber sido una estrategia, no atender los reclamos brasileños y no entregarles de una sola vez. Teníamos que haber buscado puntos favorables para nosotros”, esgrimió.

“El acta se firmó el 24 de mayo, pero en la ANDE recién tuvimos acceso el 4 de junio. (…) Conozco el acta y sé que no es beneficiosa para el Paraguay, es muy peligrosa. Muchos de los aspectos que aparecieron en la misma desconocíamos. Intentamos hablar con los pares brasileños para cambiar pero sin ningún resultado. La situación se vuelve muy complicada”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.