El diario La Nación publicó hace unos días un material especial en el que expuso el caso de Ale R., una mujer de 27 años que desde el año 2016 lucha para que su ex esposo cumpla con la manutención a favor del hijo de ambos. Así también, puso a consideración el testimonio de Jazmín, otra madre que también se vió obligada a criar sola a su hijo y sin recibir ningún tipo de asistencia económica por parte del padre.

El Artículo 97 del Código de la Niñez y la Adolescencia señala lo siguiente: “El padre y la madre del niño o adolescente, están obligados a proporcionarle alimentos suficientes y adecuados a su edad. La asistencia alimenticia incluye lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, asistencia médica y recreación del niño o adolescente. La mujer embarazada podrá reclamar alimentos al padre del hijo. Los alimentos comprenden también la obligación de proporcionar a la madre los gastos que habrán de ocasionar el embarazo y el parto”.

Bettina Ovando, defensora de Niñez y la Adolescencia, en una entrevista para el mismo medio mencionó que, en aquellos casos en los que el padre asegure no contar con dinero suficiente para cumplir con la prestación alimentaria, se debe comprobar si efectivamente esa persona es insolvente.

También reveló que muchas veces estos hombres, tratando de eludir sus responsabilidades económicas, renuncian a sus trabajos para no pasar la prestación alimentaria a sus hijos, convirtiéndose de esa manera en personas insolventes.

Prestación alimentaria: ¿Qué pasa si el padre dice que no tiene dinero para asistir a su hijo/a? pic.twitter.com/Us7wSDGZIS

— Diario La Nación (@LaNacionPy) 21 de marzo de 2017

Para poder comprobar dicha situación, se debe llevar a cabo un juicio, ya que la persona no puede asegurar directamente que no posee el suficiente dinero para la prestación sin tener alguna manera de probarlo. “Uno puede decir que es insolvente, pero de algún lugar está percibiendo algún ingreso, por eso está viviendo”, señaló Ovando.

La publicación señala que, de enero del 2016 a febrero del 2017, un total de 120.302 cuentas fueron abiertas en el sector bancario para el cumplimiento de la prestación de alimentos a nivel país, sin considerar el número de casos que aún siguen pendientes de alguna resolución definitiva por parte de la justicia.

Miles de juicios fueron llevados a cabo por este mismo motivo, impulsados por madres que buscan seguir con la crianza de sus hijos de manera adecuada y hacer valer su legítimo derecho, ya que en ocasiones se vuelve una tarea complicada ante las dificultades económicas existentes.

REACCIÓN DE LA JUSTICIA TRAS DENUNCIA

Tras la publicación realizada por La Nación, la Corte Suprema de Justicia se hizo eco y ordenó a todos los juzgados de la Niñez y la Adolescencia del país informar sobre los trámites que están con morosidad judicial en procesos abiertos por asistencia alimentaria a menores de edad.

CÓMO Y DÓNDE DENUNCIAR

Para poder realizar una denuncia por falta de prestación alimentaria, se debe recurrir primeramente a un abogado particular y, en caso de no contar con los recursos económicos suficientes, a través de algún defensor civil ante la niñez en el Ministerio de la Defensa Pública (MDP), quien deberá tramitar el caso para que se inicie un juicio de asistencia alimentaria.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.